Se aprestan las discusiones con IOMA por incremento del valor capitario
El instituto había prometido sentarse a negociar después del 15 de marzo pero las indefiniciones de las paritarias postergaron todo para abril
Todavía no hay definiciones con respecto a la mejora del valor capitario que el Instituto de Obra Médico Asistencial debe aplicar al vínculo contractual con los bioquímicos de la provincia de Buenos Aires y que, más allá de los guarismos, FABA reclama que su entrada en vigencia opere en abril.
La situación se vislumbra grave y muy compleja. Ya en 2012 el IOMA no trasladó a los contratos de sus efectores los mismos guarismos de las subas de salarios a los trabajadores públicos, como vino registrándose durante años, ya que los ingresos del Instituto dependen de los aportes de los empleados estatales.
Este año la situación económica y financiera del gobierno de Daniel Scioli es peor que la de 2012 y además, la crisis política con el gobierno nacional ha pasado a ser directamente un enfrentamiento abierto en cuyo marco cada vez más son los funcionarios del gobierno nacional que públicamente salen a fustigar al gobernador bonaerense; incluso el propio vicegobernador ha hecho más visible su posición en ese sentido.
Los fondos que debieran llegar a nuestra provincia son retaceados. En la Legislatura, desde la oposición, se insiste en que el gobierno provincial usa dineros del IOMA para gastos corrientes.
Además, como no podía ser de otra manera, las paritarias han sido y en algunos casos aún son, durísimas.
El gobierno provincial pareciera haber clavado bandera en una suerte de promedio del 22,6 por ciento de suba salarial, varios puntos por debajo de los reclamos de la mayor parte de los gremios y de la inflación real.
Para colmo, ese guarismo se aplicaría en tres cuotas separadas por meses una de otra.
En algunos casos, pocos gremios aceptaron la propuesta y en otros el gobierno fijó la pauta salarial por decreto. Al cierre de la presente edición de FABAInforma, se aguardaba un nuevo encuentro con los docentes, que son, numéricamente, el sector más amplio de los trabajadores del Estado provincial, aunque Scioli ya firmó el decreto de marras.
Así las cosas, el gran interrogante que se plantea es en torno a la política que el IOMA plantee frente a los prestadores y a las decisiones y posiciones que nuestras entidades asuman.
¿Qué cabe esperar? Algo nada sencillo, seguramente, mientras la inflación, con o sin congelamiento de algunos precios, prosigue indetenible; mientras se complica la situación cambiaria; mientras se redobla la presión impositiva; mientras los enfrentamientos políticos predominan por sobre el acceso a la salud.
Reunión en Abril
Al dilatarse las definiciones de las paritarias estatales en la Provincia, el Instituto aseguró que se iniciarían las conversaciones con los efectores de salud por el valor capitario en los primeros días de abril.
Es de esperar que se llame a una reunión a principios de mes, porque si a los atrasos en los pagos se le suma una demora en mejorar la cápita, la situación se agrava sustancialmente.
Y por lo mismo, es de la principal importancia que la mejora que se negocie sea aplicada desde abril.
En la relación con IOMA y pese a que en los últimos tres meses se efectivizaron la totalidad de los pagos en dinero y sin usarse bonos, los bioquímicos hemos visto deteriorado nuestro real ingreso profesional, en mérito a la inflación a los guarismos manejados por el gobierno provincial.
Prepagas
La continuidad del congelamiento dispuesto por el Secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, a los valores de las cuotas que las empresas de medicina prepaga cobran a sus afiliados, es un factor negativo en el marco de las negociaciones iniciadas por la Federación Bioquímica.
Las empresas del sector se reunieron a fines de marzo con la superintendente de Salud, Liliana Korenfeld, quien les informó que pese a que el congelamiento en teoría finalizaba para estas compañías a fines de marzo, proseguiría hasta una fecha que no se fijó y que algunas versiones llevan hasta después de las elecciones de renovación parlamentaria de octubre.
Trabajadores de la salud
A todo este panorama hay que agregar que seguramente en abril se definirá la negociación paritaria de los trabajadores del gremio de la Sanidad y de la que, como se sabe, no participa la Federación Bioquímica por disposición del Ministerio de Trabajo de la Salud, la que fue objetada judicialmente en varias instancias, sin éxito.
Algunas versiones indican que la Federación Argentina de Trabajadores de la Salud (FATSA) reclamaría una mejora salarial del orden del 25 por ciento e incluso algo más.
Los profesionales del laboratorio no vamos a poder hacer frente a un incremento de sueldos de ese calibre, sin cuestionar en absoluto la justicia del reclamo.
¿Estandarización de obras sociales?
Por otra parte, durante el transcurso de marzo en distintos sectores del gobierno nacional se habló cada vez con mayor insistencia sobre la presunta "bendición" de la Presidente de la Nación a un proyecto que impulsaría el titular del PAMI, Luciano Di Cesare, para aplicar una suerte de estatización de las obras sociales sindicales, las cuales en conjunto manejan un monto global anual del orden de los 40.000 millones de pesos.
Algunos medios periodísticos capitalinos se hicieron eco de estas versiones, señalando que sería una especie de "as en la manga" que el gobierno nacional guardaría en el marco de su enfrentamiento con la CGT de Hugo Moyano.
De todos modos, y más allá de las especulaciones, algunos dirigentes sindicales salieron a marcar públicamente su más enfática oposición a una iniciativa de esa naturaleza.
Más allá de las versiones, un dato que muchos consideraron importante indica que desde la CGT oficialista liderada por el metalúrgico Antonio Caló habría pedido al Poder Ejecutivo Nacional que las obras sociales sindicales dejen de atender a los monotributistas, al personal doméstico y a los monotributistas sociales, es decir, un universo de cinco millones de trabajadores con sus familias.
Caló y sus aliados aspiran a que sea el estado nacional el que se haga cargo de la atención de esos sectores, porque indican que con lo que aportan no alcanzan a cubrir las prestaciones que reciben.
Si una decisión de esa naturaleza fuera adoptada, de los 16 millones de trabajadores que atienden las obras sociales se pasaría a once millones; es decir, que se estaría borrando a una tercera parte de los beneficiarios.
Siguiendo con el supuesto, cabe preguntarse de dónde sacaría fondos el gobierno nacional para atender a tamaña cantidad de personas.
¿Sería la estatización de las obras sociales con una atención similar al tan controvertido modelo español, una respuesta a ese interrogante?
Es de esperar que no.
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