El PAMI financia al Tesoro y se agrava el escándalo de las obras sociales
Un fin de año complejo en el ámbito de la Salud.
Mientras los prestadores de salud, incluidos los bioquímicos, deben extremar su accionar para mantener sus ingresos, los dineros con los que se financia la atención sanitaria siguen siendo objeto de oscuros y cuestionables manejos, porque mientras la justicia profundiza la investigación del escándalo de los fondos de varias obras sociales, el gobierno nacional toma para el Tesoro, el 30 de diciembre, 2.330.000 millones de pesos del PAMI, Instituto que mantiene, como se sabe, importantes deudas con los efectores del sistema.
El Gobierno nacional emitió dos Letras del Tesoro, por un total superior a los 2.300 millones de pesos, que serán suscriptas íntegramente por el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI). Lo hizo a través de dos resoluciones conjuntas de las Secretarías de Hacienda y Finanzas, publicadas 30 de diciembre en el Boletín Oficial.
Una de las Letras tiene un valor nominal de 1.630.000.000 millones de pesos, y la otra, 700 millones de pesos, según lo dispuesto por los secretarios de Hacienda, Juan Carlos Pezoa y de Finanzas, Hernán Lorenzino.
Los dos títulos suscriptos por la obra social de los jubilados tienen plazo de entre 90 y 180 días.
Voceros de la obra social de los jubilados precisaron que se trata de letras mediante las que el PAMI ya había prestado fondos al Tesoro y que ahora, luego de que se vencieran, fueron renovadas.
Desde el PAMI destacaron que por la colocación anterior, la entidad obtuvo 21 millones de pesos más que los que le hubieran correspondido en caso de invertir esos fondos en un plazo fijo del Banco Nación.
Esta modalidad de colocación de ahorros del PAMI -correspondientes al llamado Fondo de Garantía Prestacional- comenzó en diciembre de 2008, cuando la normativa habilitó a la obra social a prestarle al Tesoro -antes sólo podía ubicar sus ahorros en el Banco Nación-.
Desde entonces, la obra social obtuvo un beneficio extra que ronda los 133 millones de pesos, indicaron fuentes de la obra social.
En el caso de ambas letras colocadas, los intereses se calcularán sobre la base de los días efectivamente transcurridos y un año de 365 días.
La tasa de interés será la tasa nominal anual de corte de la licitación de LEBAC a tasa fija efectuada por el Banco Central, a un plazo similar a un trimestre, en la fecha previa más cercana a la fecha de suscripción, de acuerdo con el texto oficial.
Además, la amortización será íntegra al vencimiento, y las Letras será intransferibles y no tendrán cotización en los mercados de valores locales e internacionales.
Investigación Judicial
En otro orden, en diciembre, ante "posibles estafas al Estado", el juez Norberto Oyarbide allanó la sede de la Administración de Programas Especiales (APE) del Ministerio de Salud (APE).
El juez incautó más de mil expedientes, bases de datos y discos rígidos relacionados con las operaciones de 30 gremios.
El operativo fue ordenado por el juez federal Norberto Oyarbide, quien investiga si estos gremios reprodujeron la misma maniobra que la Asociación Bancaria, por la que se encuentran detenidos el sindicalista José Zanola; su mujer, Paula Aballay, y el empresario Néstor Lorenzo, de la droguería San Javier, proveedora de remedios a las obras sociales cuestionadas.
La APE es el organismo estatal encargado de pagar reintegros a las obras sociales sindicales para compensar los gastos derivados de la atención de enfermedades de baja incidencia y alto costo, como los tratamientos oncológicos. Pero, además de la compra de medicamentos adulterados o vencidos, la Justicia investiga si las prestadoras de salud de los gremios presentaron comprobantes y troqueles falsos de remedios para obtener estos reintegros.
La APE, que durante 2009 distribuyó 938 millones de pesos entre las obras sociales, tiene como gerente general, desde noviembre de ese año, al apoderado legal del sindicato de camioneros, Daniel Colombo Russell, quien sustituyó a Hugo Sola, otro hombre vinculado con el líder de la CGT, Hugo Moyano.
Según publicó el matutino porteño La Nación, en esa dependencia también trabaja Christian Marcelo Asorey, que además lo hace en la obra social de los Camioneros y está casado con la hijastra de Moyano, Valeria Alejandra Salerno. Asorey está a cargo del área de Sistemas y Tecnología de la APE.
La Nación indicó que intentó comunicarse en reiteradas oportunidades con Colombo Russell, sin éxito.
El procedimiento, ordenado por la secretaría N° 9 del juzgado de Oyarbide, a cargo de Carlos Leiva, fue conducido por la Unidad de Investigación del Delito de la Policía Federal. Los pesquisas registraron durante siete horas en los pisos 7°, 8° y 9° de la avenida Roque Sáenz Peña 1149, donde funciona la APE.
"Sospechamos que la operatoria que Lorenzo llevó adelante con la Bancaria se extendió al resto de las obras sociales sindicales", indicó a La Nación una fuente vinculada con la causa.
La magnitud del procedimiento, que culminó a las 19.50, quedó evidenciada por los dos viajes en camioneta que los pesquisas necesitaron completar para llevar toda la documentación. Según las fuentes consultadas, se incautaron de 34 cajas con más de mil expedientes, bases de datos y discos rígidos de 30 obras sociales.
En los rótulos de las cajas, se podían leer los nombres de las obras sociales de la Asociación Bancaria, de la Unión Obrera Metalúrgica, de Aeronavegantes, del Sindicato de la Carne, de la Actividad Docente (Osplad), del Personal de Escribanos (Ospe), de Trabajadores Rurales y Estibadores (Osprera), de Prensa de Buenos Aires (Ostpba), del Personal de La Matanza, del Personal de Entidades Deportivas y Civiles (Ospledyc), del Automóvil Club Argentino (Ospaca), y de la Industria del Plástico (Ospip), entre otros.
Además de las prisiones de Zanola, Aballay y Lorenzo, la causa de la mafia de los medicamentos se cierra cada vez más en torno a la obra social de los camioneros (Oschoca), gerenciada por la mujer de Moyano, Liliana Zulet. Por esta investigación, además de otro expediente conexo que lleva adelante el juez Claudio Bonadio, la semana pasada fue doblemente procesado el empresario Marcos Hendler, dueño de Droguería Urbana, principal proveedora de remedios de Oschoca.
En tanto, el ex superintendente de Salud de la Nación Héctor Capaccioli justificó gastos de "caja chica" de la Administración de Programas Especiales (APE) para medicamentos para obras sociales, confirmaron fuentes judiciales.
Al declarar como imputado ante el juez federal Norberto Oyarbide, el ex funcionario aclaró que el manejo de ese dinero estaba dentro de sus funciones y que había una "rendición de cuentas" por parte de las obras sociales.
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