Dudas: la Salud en el nuevo
escenario político nacional
Después de las elecciones de renovación parlamentaria podría complicarse el panorama sanitario argentino
Después del acto electoral del pasado domingo 27 de octubre, lo único que ha quedado en claro es que hay un nuevo escenario político nacional, con varios actores en búsqueda de futuros roles protagónicos.
Para el sector de la Salud el panorama es, al mismo tiempo, de incertidumbre y de temores sobre posibles complicaciones durante los próximos meses.
Lo cierto es que, con leyes y fallos judiciales que hacen ingresar nuevas prácticas al Programa Médico Obligatorio (PMO) sin los fondos genuinos como para costearlas, y sin ponerse en discusión la justicia y procedencia sanitaria y social de esas resoluciones, el sistema de la Salud ve agravarse su constante desfinanciación, que se profundiza además en un contexto inflacionario como el que se registra desde hace dos años.
Las movidas económicas gubernamentales realizadas antes de las elecciones de octubre, proyectan esa incertidumbre para los próximos meses. Está claro que la baja tan necesaria de los pisos de las categorías del Impuesto a las Ganancias ha dejado huecos que todavía el Gobierno no logra llenar sin emisión monetaria.
Y este devenir inflacionario lejos está de permitir vislumbrar decisiones de reforzar el financiamiento del sistema sanitario, entre otras cuestiones.
Pero además, subyacen no demasiado en lo profundo cuestiones políticas que también, pero por otra vía, amenazan al sector de la Salud. Los distintos posicionamientos gremiales tienden a encontrar puntos en común a la hora de formular reclamos por los fondos de las obras sociales.
De producirse una posible reunificación de la CGT, ese reclamo, marco en el que la mayoría maneja cifras de alrededor de 16.000 millones de pesos, cobrará mayor fuerza, abriendo un gran interrogante sobre la respuesta que pueda dar, o no, el gobierno nacional.
Denuncias penales
Voceros moyanistas, a pocas horas de cumplidas las últimas elecciones, recordaron que el dirigente camionero a comienzos de octubre había anunciado su decisión de denunciar “penalmente” a la superintendenta de Servicios de Salud, Liliana Korenfeld, por la "maniobra fraudulenta en el otorgamiento de la obra social de la recolección y el barrido de Córdoba", entre otras imputaciones.
Se dijo que la intención de concretar esa denuncia “está más firme” después de las elecciones, aunque, al cierre de la presente edición de FABA Informa no se había efectivizado.
“La grosera maniobra es parte de un plan sistemático que también involucra a funcionarios del Ministerio de Trabajo de la Nación. Tal ilícito se materializó mediante el armado de un expediente fraudulento para perjudicar la salud de los trabajadores y sus familias”, había indicado Moyano a comienzos de octubre.
En el mismo sentido había señalado que “esta acción conlleva a la destrucción del sistema de salud de los trabajadores y se suma al desfinanciamiento sistemático de las Obras Sociales sindicales”.
Moyano también denunció “la imposición de atención en la salud de trabajadores cuya responsabilidad del Estado es indelegable (Monotributistas), y a la retención grosera de fondos que corresponden a los mismos”.
Por su parte, quien encabezara la lista de diputados nacionales por la UCR de Tucumán , José Cano, presentó una denuncia penal contra quienes estuvieron a cargo de la Superintendencia de Servicios de Salud desde el 2008 hasta la actualidad, Liliana Korenfeld y Luis Bellagio, y al ministro de Salud, Juan Luis Manzur, “por incumplimiento de deberes de funcionario público al retener injustificadamente los excedentes del Fondo Solidario de Redistribución que alcanzan una suma de 16 mil millones de pesos”.
"Esos fondos le corresponden a los trabajadores, no al Gobierno Nacional", dijo Cano, quien añadió que “acorde a la legislación vigente, el saldo excedente debe ser repartido entre las obras sociales, en proporción a sus aportes y exclusivamente para ser aplicados al presupuesto de prestaciones de salud, así el afiliado sea el beneficiario de dicha distribución”.
Contra las prepagas
Otro escenario conflictivo es el de las empresas de medicina prepaga que impacta directamente sobre los ingresos de los efectores del sistema sanitario (ver pág 3).
Ese panorama se complicó en las últimas semanas en virtud de que las afirmaciones de las empresas de medicina prepaga sobre las leyes de salud sancionadas en los últimos seis años, a las que calificaron de "aberración científica", despertaron la condena de diversos sectores sociales.
Los dichos de los ejecutivos reunidos en Bariloche, fueron rechazados por "desconocer al Congreso y al sistema democrático", por "privilegiar la salud como un negocio" y por oponerse a "la ampliación de derechos" que significaron las leyes.
Se trata de las leyes de medicación por hepatitis crónica, de ligadura de trompas, de tratamiento hormonal de emergencia, de drogadependencia, de conductas alimentarias, de obesidad mórbida, de celiaquía, de asistente domiciliaria, de discapacidad, de alcoholismo, y de fertilización asistida.
Los ejecutivos hablaron de "una fiesta" de leyes sancionadas "espasmódicamente" desde 2007 hasta ahora.
El director del Plan de Salud del Hospital Italiano de Buenos Aires, Marcelo Marchetti, habló de las "exageraciones de las regulaciones", y sostuvo que "el Programa Médico Obligatorio (PMO) en Argentina se parece a todo lo que aparezca y, ante la duda, los jueces dicen: `todo lo que hay`".
En la misma línea, Luis Fontana, gerente médico de Gestión de OSDE, dijo con tono irónico que "ninguno podría argumentar seriamente en contra de lo que es la frutilla de la torta, que es la ley de fertilización asistida, la última invitada a la fiesta".
"En el Senado y en la Cámara de Diputados estuvieron los máximos referentes médicos y científicos, cuando se discutió la ley. Los mejores laboratoristas de Latinoamérica, y el médico argentino Julio Bai, uno de los tres referentes más importantes del mundo", retrucó Fernando Agoff, del Grupo Promotor de la Ley de Celiaquía.
Karina Romay, del mismo Grupo, opinó que las prepagas "defienden intereses económicos, en lugar de una igualdad de oportunidades y de calidad de vida de los celíacos".
Por su parte, la presidenta de la Asociación Celíaca, Silvia Veratapia, indicó que "la ley nacional determinó que las obras sociales y empresas de medicina prepaga deben cubrir 240 pesos".
"Esta normativa en algunas obras sociales y prepagas se cumple. En el caso de OSDE, no se plegó a lo que dice la ley. Debería cumplir lo que dice la ley", señaló Veratapia.
También María Elena Cabral, del Abrazo por Dar Vida, promotor de la Ley de Fertilización Asistida, se quejó de las afirmaciones de las prepagas que "son despectivas para los pacientes, porque más allá de criticar una ley igualitaria, esa discriminación está viniendo justamente de las entidades médicas que deben velar por el cuidado de nuestra salud".
"Lo tomamos de quien viene, un vocero de OSDE, que es una de las prepagas que desde un principio puso requisitos ilegales y discriminatorios que la ley no tiene", aseguró Cabral.
Asimismo, la doctora Flavia Denaday, especialista en la materia, indicó que "una ley no puede ser nunca una aberración científica".
"En todo caso las aberraciones están cuando uno comienza a cambiar las condiciones con las que se debe atender al paciente", sostuvo Denaday.
Ante este panorama, la subsecretaria de Defensa del Consumidor, María Lucila "Pimpi" Colombo, sostuvo que "el cuidado de la salud y la atención de las enfermedades es un derecho para todos y no un pretexto de negocios para algunos".
“Las empresas que se dedican a la atención de las enfermedades se tienen que hacer cargo de que lo que sucedió en los últimos años no fue más que sincerar que la atención de la salud es todo esto que se incorporó como derechos, no sólo cuidar aquello que es rentable para la empresas", indicó Colombo.
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