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Institucionales

Aclaración acerca de las auditorías de las prestaciones para IOMA
FABA salió a esclarecer en los medios periodísticos que las prácticas no autorizadas deben ser abonadas por el afiliado

Durante setiembre varios medios periodísticos se hicieron eco de quejas de afiliados del IOMA, algunas de ellas canalizadas a través de gremios, con respecto a los cobros que se efectuarían a los pacientes en algunos laboratorios y en ciertas determinaciones bioquímicas, por lo que FABA salió a aclarar públicamente varias cuestiones.
Lo principal que se debe tener en cuenta es que, una vez que el afiliado dejó en el laboratorio la prescripción médica de los análisis con no menos de 24 horas previas, FABA debe autorizar las prácticas y ello lo hace en función de protocolos debidamente establecidos y confeccionados por especialistas médicos y bioquímicos y que están oficializados.
Ahora bien, las prácticas que no son autorizadas por FABA el paciente puede hacérselas desde luego pero deberá abonarlas en el Laboratorio al valor de referencia que figura en la página web del IOMA.
Hubo una reunión con funcionarios del IOMA en el que desde el Instituto se reafirmó el compromiso de interactuar con las entidades médicas para que estos profesionales prescriban las determinaciones de análisis clínicos de acuerdo al diagnóstico de cada patología.
También se remarcó que la orden de prescripción de análisis clínicos tiene una validez de 30 días; y que si el paciente no figura en el padrón de los laboratorios, deberá solicitar certificación de afiliación en la delegación del IOMA de su jurisdicción.
Con respecto a los coseguros, la Federación Bioquímica ratificó que "existen tres bonos: uno de 10 pesos por prácticas de alta complejidad; de 20 pesos para hasta 6 prácticas comunes; y otro de 30 pesos para las de 6 prácticas comunes.
Se dijo asimismo que las prácticas que IOMA hasta hace poco cubría por prestación y hoy se incorporaron a la cápita, no deben abonar coseguro.

Prepagas

Con respecto a las negociaciones que la Federación Bioquímica viene llevando a cabo con las empresas de medicina prepagas para la obtención de incrementos arancelarios, debe indicarse que con algunas de ellas se han acordado nuevos valores, que si bien no contemplan la totalidad del reclamo de FABA, se ajustan a parámetros más razonables que los evidenciados en anteriores tratativas.
En tanto, se prosiguen activamente las negociaciones con otras empresas del sector, con las que se espera acordar a la mayor brevedad.

Obras sociales

Por otra parte, la titular de la Superintendencia de Servicios de Salud, Liliana Korenfeld, anunció en setiembre que en 2014 se transferirá a las obras sociales un monto de 6.500 millones de pesos proveniente del Fondo

Solidario de Redistribución.


En total, los aumentos previstos para los distintos programas asciende a la suma de 1.900 millones de pesos, por lo cual el año próximo las obras sociales recibirán un monto de 6.500 millones de pesos.
Explicó la funcionaria que el Fondo Solidario de Redistribución, creado mediante el artículo 22 de la ley 23.661 que estableció el Sistema Nacional del Seguro de Salud, "tiene en la actualidad dos aspectos, uno de reaseguros y otro que es el de redistribución".
En cuanto al primer aspecto, señaló que se creó el sistema SUR (Sistema Unico de Reintegros) mediante el cual las obras sociales "pueden recuperar todo lo que sean prestaciones de alto costo, medicamentos de alto costo, de baja incidencia, y también prestaciones para la discapacidad".
Sobre la función distributiva, "tenemos dos subsidios, uno es el SANO (Subsidio Automático Nominativo), que compensa a las obras sociales cuyos afiliados no llegan al mínimo de la matriz de riesgo, y el otro es el SUMA (Subsidio de Mitigación de Asimetrías), creado desde hace muy poco tiempo", dijo Korenfeld.
"Este subsidio compensa a las obras sociales cuyos afiliados aportan en forma menor, pero muy especialmente a las entidades que tienen menos cantidad de afiliados, es decir, que beneficia a las más pequeñas", precisó.
Además, "por indicación de la Presidenta, se han incorporado dos herramientas más: el SUMARTE (Subsidio de Mitigación de Asimetrías del Régimen de Trabajo Especial), para trabajadores monotributistas, sociales y agropecuarios, y de casas particulares, y el SUMA 70, para mayores de 70 años", indicó.
Anticipó que el SUMA repartirá el año próximo 590 millones de pesos, al ampliarse "en un 20 por ciento más de la distribución de los recursos"; el SUMA 70, 420 millones de pesos, y el SUMARTE, un monto de 890 millones.
"En el SUMA 70 se ha tenido muy en cuenta la decisión de muchos afiliados a las obras sociales, jubilados o en condiciones de jubilarse, que realmente quieren seguir en la entidad en la que se han atendido siempre, y también con una estadística que nos indica que hay un consumo mayor de prestaciones de salud a partir de esta edad", manifestó Korenfeld.
Dijo que "es importante tener en cuenta que a partir de la incorporación de un punto en el SUMA, SUMARTE y SUMA 70, la proyección y el impacto anual de esas medidas es de 1.900 millones de pesos".
Fuerte reclamo gremial
En tanto, el jefe de la CGT opositora, Hugo Moyano, llamó el 23 de setiemebre a votar en contra de los candidatos kirchneristas en las elecciones legislativas de octubre, aunque evitó decir "a quién" apoyar, y reclamó a la Casa Rosada casi mil millones de pesos de deuda con las obras sociales del gremio de Camioneros.
Durante una manifestación frente al Superintendencia de Servicios de Salud, Moyano acusó al gobierno de buscar "terminar con las obras sociales sindicales, especialmente con las de camioneros" con quienes aseguró "la deuda del Estado Nacional asciende a 955.580.431 pesos".
En ese marco, se refirió al escenario electoral al sentenciar que "el 27 de octubre tenemos la gran oportunidad de decirle basta a la soberbia del gobierno, no les voy a decir a quién hay que votar, pero ya sabemos a quién no votar".
Al hablar ante una nutrida asistencia de camioneros de todo el país, en un escenario montado sobre la avenida Diagonal Norte, de espaldas a la Plaza de Mayo, Moyano desafió a la presidenta Cristina Fernández a hacerse cargo de la obra social de su gremio siempre que a los trabajadores "no les falte un geniol" para la atención a sus salud.
Responsabilizó además a la Superintendencia de Salud, a cargo de Liliana Korenfel, de llevar a los camioneros a "una situación insostenible con un endeudamiento progresivo que nos hace entrar en riesgo de cesación de pagos, con las graves consecuencias de no poder seguir prestando cobertura de salud a los trabajadores".
Momentos antes una delegación de camioneros con sus abogados, entregó en la mesa de entradas de la Superintendencia de Salud un petitorio con los reclamos de del gremio.
En su discurso, Moyano se quejó repetidas veces porque "es una locura, quieren terminar con la obra social de Camioneros" en lo que calificó "de un ataque directo al sistema de salud de los trabajadores".
Además de reclamar enfáticamente por la deudas a las obras sociales, el dirigente centró su discurso en la restitución del Fondo Solidario de Redistribución (FSR) que en la actualidad acumula unos 17 mil millones de pesos, y en el rechazo que los camioneros hacen a la atención de los monotributistas, que aportan un porcentaje menor que el de los afiliados de origen.
Moyano aseguró que la Superintendencia de Salud "en forma ilegítima pretende que las obras sociales se hagan cargo de la atención a los monotributistas con un aporte de 90 pesos por mes, lo que representa un 9 por ciento de los aportes de los camioneros cotizan en forma directa e indirecta en mil pesos mensuales".

 

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