El PAMI prometió pagar una facturación completa por mes
Es de esperar que en esta oportunidad efectivamente se cumpla con la palabra empeñada
Finalmente, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados oficializó la promesa de pagar todos los meses un valor capitario completo, como jamás ha pasado desde la implementación del nuevo modelo prestacional.
Hay que recordar que el valor capitario se divide en aproximadamente dos partes iguales, una de ellas es la denominada "concepto cápita" y la otra, la tasa de incentivos; con esta última los atrasos han sido constantes y graves desde comienzos mismos del nuevo sistema.
A partir del anuncio oficial del PAMI se espera que en los primeros días de diciembre se libre la autorización para poder presentar las facturaciones correspondientes al "concepto cápita" noviembre y la tasa de incentivo de agosto de este año, para cobrar ambas en forma conjunta en enero.
El Instituto se comprometió a que este sistema seguiría de la misma manera para que los efectores del sistema perciban un pago "completo" todos los meses.
Desde FABA informa se ha insistido en el grave perjuicio que el retraso de los pagos de las tasas de incentivo provocan en el ingreso profesional, máxime en tiempos de gran inflación como los que vienen corriendo.
Por eso, es de esperar que esta vez el PAMI cumpla con la palabra y que no se trate de una promesa más incumplida como ya ha sucedido en el pasado reciente.
De todos modos, la Federación Bioquímica, integrada con la CUBRA en el seno de la Comisión Mixta que negocia con el PAMI, proseguirá con el reclamo de modificar los porcentajes con los que se integra el monto capitario global.
Concretamente, insistiremos en la necesidad de que el "concepto cápita" sea superior al ochenta por ciento del pago total, reduciendo proporcionalmente el valor de la tasa de incentivo, de modo que cualquier atraso que pudiera producirse en el pago de esta última, no tuviera el fuerte impacto que viene impactando al ingreso de los profesionales del laboratorios.
Prepagas
Por otra parte, se sabe que durante diciembre las prepagas volverán a discutir con el gobierno nacional la autorización para aplicar un nuevo incremento a las cuotas que cobran a sus afiliados, por lo que la Federación Bioquímica está presta a volver a encarar negociaciones con ese sector financiador para lograr para los bioquímicos de la provincia de Buenos Aires, mejoras proporcionales al aumento que logren.
También se continúa negociando mejoras arancelarias con algunas obras sociales sindicales, ya que desde diciembre hay que encarar el pago de una nueva etapa del aumento de sueldos obtenidos por el gremio de la Sanidad en una negociación paritaria de la que, como se sabe, la Federación Bioquímica, no puede participar debido a una inexplicable decisión del Ministerio de Trabajo de la nación que fuera apelda judicialmente sin éxito por FABA.
Obras sociales
En el panorama sanitario argentino se sigue destacando el proceso de desfinanciación de las obras sociales sindicales que perjudica a sus afiliados y a los profesionales prestadores del modelo de solidaridad social.
La Confederación General del Trabajo que lidera Hugo Moyano como la central obrera que responde al gobierno nacional coinciden en reclamar al gobierno el pago de enormes sumas descontadas a los trabajadores y no distribuidas entre las obras sociales. Desde el moyanismo se habla de 15 mil millones de pesos y ese fue uno de los temas centrales sobre los que se habló durante el paro realizado en noviembre conjuntamente con la CTA opositora al gobierno.
Es más, el tema de la deuda con las obras sociales junto al relacionado con la elevación del piso de la categoría inferior para la liquidación del Impuesto a las Ganancias amagan al finalizar noviembre con convertirse en temas que a mediano plazo puedan inducir una reunificación de las centrales obreras, pero mientras tanto, el sistema se sigue desfinanciando por la escasez de fondos genuinos.
Liliana Korenfeld, santacruceña e íntima de Cristina Fernández de Kirchner es la titular de la Superintendencia de Servicios de Salud, organismo que absorbió la APE, encargada de manejar los fondos especiales para las obras sociales.
A principios de noviembre, dirigentes de la denominada "CGT Balcarce", liderada por Antonio Caló, acompañado por Armando Cavalieri, José Luis Lingeri y Andrés Rodríguez, se reunieron con esa funcionaria, encuentro tras el cual lograron la liquidación de 175 millones de pesos además de la promesa de que durante el año próximo el gobierno liberaría dos mil millones de pesos del total que adeuda a los gremios.
Si bien la noticia fue bien recibida por los dirigentes cuyos gremios recibieron el dinero y que se encuentran alineados políticamente con el gobierno nacional, la noticia causó estupor no solamente en medios sindicales sino también políticos debido a la discrecionalidad con la que se manejó ese millonario monto.
Un matutino porteño detalló que "con este pago inicial, se beneficiaron gremios aliados y opositores. Barrionuevo recibió algo más de 4 millones, mientras que Camioneros, cerca de 6. Los montos son sobre la base de la cantidad de afiliados y la masa salarial. El sindicato que más dinero recibió fue el de empleados de comercio: unos 20 millones de pesos. Armando Cavalieri, su referente, estaba eufórico. Eso sí, se le derrumba el entusiasmo después de hacer cuentas y constatar que el Estado aún le adeuda unos 200 millones, aproximadamente".
Otro medio periodístico explicó que "en lo que va del año, hasta octubre, en la cuenta del Fondo Solidario de Redistribución de las obras sociales (FSR) ingresaron más de $ 5.000 millones. Ese Fondo se conforma con un porcentaje de los aportes y contribuciones de trabajadores y empleadores con el objetivo de financiar en forma solidaria determinados tratamientos médicos y a las obras sociales que mayoritariamente tienen afiliados de sueldos bajos. De ese total el FSR solo afrontó pagos por $ 2.000 millones por los reintegros de los tratamientos de alta complejidad y por el programa SANO, que garantiza un ingreso mínimo a todas las obras sociales".
El resto -se agregó- quedó en la cuenta del Banco Nación que la entidad utilizó para financiar transitoriamente los requerimientos del Tesoro Nacional. Así esos $ 3.000 millones de diferencia pasaron a engrosar la cuenta del FSR que se estima ya acumula un total de $ 15.000 millones. Si bien la recaudación de esos aportes la realiza la AFIP y el Fondo es administrado por el Estado, a través de la Superintendencia de Servicios de Salud, lo acumulado no es dinero del Estado sino que corresponde a las obras sociales. Y la ley respectiva fija que todos los años los excedentes que pueda acumular el FSR deben ser distribuido entre todas las obras sociales de acuerdo a la proporción de afiliados que posee cada entidad".
También se consignó que "Al menos desde 2008 eso no se está haciendo y por eso todas las entidades sindicales -desde las oficialistas nucleadas en la CGT de Caló hasta la de Hugo Moyano y la de Luis Barrionuevo- reclaman la distribución de esos fondos. El Gobierno viene demorando una resolución del tema, luego de un pequeño amague que hizo hace tres años de distribuir $ 1.000 millones, de los cuales efectivizó sólo $ 250 millones. Un paso que buscaba conformar a los sindicalistas lo dio dos meses atrás cuando prometió implementar un nuevo programa que volcaría unos $ 2.000 millones entre todas las entidades. Pero cuando se conoció la Resolución respectiva de la Superintendencia, Moyano, Barrionuevo y Caló pusieron el grito en el cielo : la nueva norma recortaba beneficios y, más grave, disminuía y hasta suprimía reintegros a favor de discapacitados".
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