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Institucionales

En defensa de nuestra independencia profesional
Respuesta al editoral publicado en la revista de CADIME


Se trata de los intereses de los bioquímicos bonaerenses y de sus pacientes que rechazan la propaganda de intereses que, lejos de apuntar a favorecer la excelencia de la prestación, mayor accesibilidad de la población, la capacitación profesional y una retribución digna a los profesionales, sólo responden a claros intereses económicos, corporativos y empresariales.

A mediados del año pasado la Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico (CADIME) se preguntaba desde el editorial de su revista oficial: “¿Qué intereses ocultos frenan al diagnóstico médico bonaerense la posibilidad de ofertar servicios integrados de atención para favorecer a los pacientes y optimizar los costos?”.
Claro que la pregunta anticipa la respuesta que se da CADIME a si misma para justificar la integración de laboratorios de análisis clínicos dentro de centros polivalentes o “policonsultorios”, y por supuesto, concluye en la necesidad de eliminar la exigencia legal de la titularidad de los laboratorios a nombre de un profesional o una sociedad de profesionales habilitados para realizar análisis clínicos.
El lobby desplegado por CADIME o por cualquiera tiene un marcado corte empresarial, en el que privan aspectos comerciales y de mercado, asimilando la salud de la población a un bien que se puede comprar o vender al mejor postor.
El libre mercado no se justifica por sí mismo. La diferencia entre el criterio de un profesional bioquímico que trabaja por una empresa sustentable, sin sacrificar el aspecto sanitario, es quizás, la mayor de las diferencias.
En ese sentido, nuestra Federación Bioquímica, que agrupa a través de sus Centros de Distrito a profesionales dedicados al ejercicio de la profesión bioquímica en sus propios laboratorios, tiene como fin, entre otros, “desarrollar la conciencia gremial de los analistas clínicos y propender a su mejoramiento ético, científico, técnico y prestacional”; “como asociación civil sin fines de lucro, efectuar contrataciones prestacionales con Agentes del Seguro Nacional de Salud, Obras Sociales, Mutuales, Clínicas y Empresas de Medicina Prepaga y cualquier otro tipo de financiador de la salud”; “ejercer la representación prestacional de los profesionales, laboratorios de análisis clínicos y cualquier otro prestador de salud que voluntariamente se inscriba en sus registros”; “gestionar ante los poderes públicos la sanción de leyes y reglamentaciones tendientes a mejorar las condiciones de trabajo de los analistas clínicos”; “colaborar con los organismos oficiales y médicos en el estudio de los problemas asistenciales y sanitarios que afectan a la población, proponiendo y participando de programas preventivos, como en la difusión y promoción de la salud. Aportando una red de laboratorios bioquímicos con presencia en toda la provincia, incluyendo a los pueblos menos poblados, aumentando así la accesibilidad, pese a las dificultades económicas que esto conlleva. Con laboratorios participando desde mas de veinte años de un Programa Externo de Calidad, otro de Acreditación y un tercero de Educación continua de Posgrado”.
La Cámara empresarial no destaca esta clase de objetivos, ni en la editorial, ni en otros documentos. En cambio se preocupa por cuestionar las normativas vigentes que fortalecen nuestra red de laboratorios y el protagonismo de los colegas, cuya exclusividad profesional es relegada a un mero obstáculo para desembarcar en suelo bonaerense.
En la búsqueda de ese objetivo, manifiesta la necesidad de reformar el Decreto 3280, que limita el funcionamiento de los establecimientos de diagnóstico médico según rama y tratamiento, argumentando que el aludido decreto, “… ha impedido por más de 20 años en todo el territorio bonaerense la instalación de centros polivalentes (laboratorio clínico con diagnóstico por imágenes) contradiciendo así el concepto moderno del sistema de salud, que tiende a ofrecer centros integrales a fin de facilitar la atención de los pacientes implementando servicios rápidos, combinados y eficientes; y a la vez optimizar los costos operativos”.
Del documento surge claramente el perfil comercial y de economía de mercado como único argumento para justificar la integración de los laboratorios de análisis a los centros asistenciales de salud.
Pero además, el pretendido beneficio no se plasma en la realidad, ni para el paciente ni para el bioquímico. El paciente, entre otras posibles restricciones, pierde la posibilidad de la libre elección, y el profesional bioquímico, por su parte, queda sujeto a los designios empresarios, como un mero empleado. Sólo se beneficia económicamente la empresa que maneja el “policonsultorio”.
Otro de los pretendidos fundamentos esbozados para abonar su pretensión reformista, apunta a destacar las bondades de “la integración horizontal de los servicios de salud que posibilitan los centros polivalentes” (calidad asistencial, comodidad y seguridad), para luego manifestarse en contra de la modalidad de “segmentación por especialidad”, argumento al que también recurre para atacar la exigencia legal de la titularidad de los laboratorios a nombre de los profesionales o sociedades de profesionales.
Como anticipamos, al final de su editorial, la Cámara se pregunta “si existen algunos oscuros intereses” que se están moviendo para trabar la reforma del Decreto 3280/90.
Cabe una respuesta que no deje dudas: se trata de los intereses de los bioquímicos bonaerenses y de sus pacientes que rechazan la propaganda de intereses que, lejos de apuntar a favorecer la excelencia de la prestación, mayor accesibilidad de la población, la capacitación profesional y una retribución digna a los profesionales, sólo responden a claros intereses económicos, corporativos y empresariales.

 

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