La salud no es prioridad como política de Estado
La problemática sanitaria está peligrosamente ausente de la agenda gubernamental y política
La Salud, desde hace muchos años, no figura entre las prioridades de las políticas gubernamentales, ya sea a nivel nacional o provincial.
La desfinanciación del sistema sanitario viene siendo alertada, también desde hace años, desde estas mismas páginas. La población, en un porcentaje creciente, y los prestadores del sistema están a merced de situaciones que nadie controla, tanto a nivel público como privado.
En las recientes elecciones, se realizaron encuestas en las que se pudo apreciar que la Salud no entraba, al menos, entre las primeras diez prioridades tanto de las preocupaciones de la población como de las propuestas de los candidatos.
En este estado de cosas, en tanto, el sistema sanitario se debilita constantemente ante la pasividad oficial.
No obstante, el tema es mucho más complejo, porque por un lado, avanzan leyes y fallos judiciales que, más allá de toda cuestión de justicia que no se discute aquí, hacen que el Programa Médico Obligatorio (PMO) vaya cobrando un volumen extraordinario pero sin que se destinen fondos extras (ver Contratapa). Los descuentos para obras sociales siguen siendo los mismos, las prepagas cada vez privilegian más el lucro por sobre la calidad de las prestaciones, y el gobierno se queda con fondos de mutuales sindicales que, en el mejor de los casos, libera mucho tiempo después y con cuentagotas.
Pero por otro lado, se aplica una suerte de “dejar hacer” en materia de Salud. Y así, surgen iniciativas como la de una cámara empresarial que últimamente ha salido a fogonear, tanto a nivel nacional como en el de la provincia de Buenos Aires, una legislación que permita a particulares acceder a la titularidad de la propiedad de los laboratorios bioquímicos, tal como ocurre con las farmacias.
Grupos económicos con fondos de cualquier procedencia podrían ingresar en lo que alguna cámara empresaria ve como “negocio”, montar grandes laboratorios de análisis clínicos y terminar muy rápidamente con el trabajo profesional, de profunda base universitaria, esforzado y reconocido, de centenares de bioquímicos.
Si bien el Colegio de Bioquímicos bonaerense ha rechazado tal posibilidad, y desde ya que merece nuestro apoyo, la cuestión sigue vigente. Y del mismo modo hay que reconocer que grandes laboratorios de bioquímicos, con afán expansionista, están avanzando en distintos sectores de nuestra provincia, y lo hacen con lo que la ley les permite, pero también es cierto que actúan con grandes ventajas con respecto a las posibilidades que podrían llegar a tener colegas que se quieran incorporar a la actividad profesional.
Además, los profesionales de la salud hace ya más de dos décadas han sido dejado abandonados a su suerte por parte de los distintos gobiernos que no hacen cumplir lo normado por las leyes 23.660 y 23.661, merced a las cuales, la Superintendencia de Servicios de Salud está obligada a convocar a todos los años a los efectores y a los financiadores del sistema (obras sociales y prepagas) para acordar aranceles.
No se entiende que mientras todos los años se realizan negociaciones paritarias para acordar salarios en virtud de los distintos convenios colectivos de trabajo vigentes, no se cumpla con los profesionales de la salud con una norma que también está en vigencia.
Los bioquímicos bonaerenses, merced a una férrea unidad gremial, venimos manteniendo con dignidad y esfuerzo, el nivel de nuestra profesión, pero no por ello vamos a dejar de expresar que la Salud debería estar entre las prioridades de todo gobierno, tanto en el ámbito público como en el privado.
Y tampoco podemos dejar de reclamar por la aplicación de políticas sanitarias de Estado coherentes. La inflación erosiona, además de los salarios y el poder adquisitivo, la actividad profesional en nuestros laboratorios en los que claramente se advierte que el incremento de los insumos, los servicios y la carga tributaria no guarda relación con los ajustes arancelarios.
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