FABA planteó diversos reclamos ante el IOMA
Entre otras cuestiones, se reclama el pago de una abultada deuda y la adopción de mecanismos administrativos que solucionen algunas cuestiones que terminan perjudicando a los bioquímicos
Durante el mes de mayo, la Federación Bioquímica envió cuatro notas con distintos requerimientos a la conducción del Instituto de Obra Médico Asistencial, al tiempo que el titular de FABA y el presidente del Distrito I, Dres. Alberto Torres y Gabriel Di Bastiano, respectivamente, concurrieron a un encuentro con las autoridades del IOMA para tratar los distintos pedidos presentados por los profesionales del laboratorio.
En una de las notas enviadas al IOMA se reclamó la actualización de los valores capitarios, de los coseguros, de las prácticas fuera de cápita y de los excedentes del Plan Ser.
En otra misiva se solicitó la cancelación total de la abultada deuda que el IOMA mantiene con los bioquímicos bonaerenses en concepto de pagos no efectuados por prestaciones fuera de cápita y determinaciones realizadas a pacientes que no estaban dados de alta en el padrón.
Además, en otra carta se exigió la inclusión en la cápita, mediante adecuaciones al sistema administrativo, de las prestaciones del Plan Ser y de las que reciben los afiliados que no figuran en el padrón, para lo cual la Federación Bioquímica ha realizado un cálculo estadístico exhaustivo para precisar los guarismos correspondientes.
Mediante la cuarta nota, se exigió que finalmente el Instituto de Obra Médico Asistencial cumpla con el compromiso formal hecho público durante el CALILAB de 2008, de reconocer una bonificación extra del 7 por ciento para todos aquellos laboratorios que se encuentren acreditados.
El único pedido que ha tenido respuesta es el otorgamiento de un índice del 17 por ciento de incremento tanto para el valor de la cápita como de los coseguros, que siendo exactamente el mismo porcentaje reconocido para la totalidad de los prestadores, FABA calificó como insuficiente.
Durante junio, la conducción de FABA insistirá en los mismos reclamos porque en el conjunto de ítems que se llevan a la mesa de diálogo se configuran volúmenes dinerarios importantes y que por derecho corresponden a los bioquímicos y cuya liquidación por parte del IOMA representa un muy criticable retraso.
Decreto bonaerense
Por otra parte, hay que decir que el ministro de Salud bonaerense, Alejandro Collia, anunció en la primera quincena de mayo que en las próximas semanas entrará en vigencia el nuevo decreto para que las obras sociales y prepagas no puedan eludir la cobertura de los tratamientos de fertilización a la población contemplada por la ley 14.208, en la provincia de Buenos Aires.
El funcionario no se refirió a la manera en que el IOMA obtendría los fondos para cubrir esas nuevas prestaciones. Todo hace pensar que los dineros saldrán de los mismos ingresos, en menoscabo de otros ítems, muy posiblemente el de las retribuciones profesionales de los prestadores.
Además, el titular de la cartera sanitaria provincial adelantó que otros dos hospitales se sumarán a los centros que ya realizan estas prácticas.
"A la red para asistir casos de infertilidad se sumarán el hospital provincial Eva Perón de San Martín y el municipal Héctor Cura de Olavarría", explicó el ministro Collia ante un auditorio de 500 personas, en el inicio del 4° Congreso Provincial de Atención Primaria, que se llevó a cabo en Mar del Plata.
El ministro afirmó que el nuevo decreto explicita que las obras sociales y empresas de medicina prepaga deberán dar cobertura a sus afiliados bajo las mismas condiciones establecidas para los efectores públicos, es decir, parejas con residencia de al menos dos años en la provincia y mujer de entre 30 y 40 años.
"Las parejas que encuadren en esos requisitos tienen derecho, por ley, de recibir la cobertura por parte de su obra social o prepaga", enfatizó Collia.
El funcionario solicitó a las afiliados que encuentren obstáculos en la cobertura que "se comuniquen con el 0800-666-0611", la línea gratuita para fertilización del Ministerio de Salud de la Provincia.
Giros a obras sociales
En otro orden, el Banco Nación deberá transferir 10,2 millones de pesos al Fondo Solidario de Redistribución de la Superintendencia de Servicios de Salud, con destino a las obras sociales, según lo dispuesto por el gobierno nacional.
Así se estableció a través de una resolución publicada el 18 de mayo en el Boletín Oficial.
A través de esta medida, la Secretaría de Hacienda dispuso que el Banco Nación transfiera los fondos correspondientes a las cuotas de programación de la ejecución de la Superintendencia de Servicios de Salud, por un total de 10.218.089 pesos, con fecha 13 de mayo último.
Según la resolución, los recursos corresponden a una cuota de programación de la ejecución de la Superintendencia, prevista en la prórroga del Presupuesto Nacional para 2011.
El mes pasado, la Superintendencia se había beneficiado con un desembolso superior a los 344 millones de pesos.
La CGT reclama al Gobierno una deuda en concepto de transferencias retenidas a las obras sociales sindicales, que alcanzaría los 9 mil millones de pesos.
Hector Capaccioli
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal confirmó en mayo el procesamiento de Héctor Capaccioli, ex superintendente de Servicios de Salud, por el delito de malversación de fondos públicos en una causa conexa a la de la "mafia de los medicamentos".
La Sala II del tribunal así lo dispuso por "haber otorgado a los fondos correspondientes al funcionamiento de la Caja Chica asignada a la Unidad Superintendencia una finalidad distinta a aquella para la cual estaban destinados", se informó oficialmente a través del Centro de Información Judicial (CIJ).
"Las pruebas colectadas permiten homologar el temperamento incriminante adoptado, desde que obran suficientes constancias que permiten tener por acreditado que el imputado utilizó indebidamente los fondos asignados para gastos de cortesía y homenaje", señala la resolución.
El juez federal Norberto Oyarbide había procesado en febrero pasado a Capaccioli, recaudador de la campaña de Cristina Kirchner en 2007, por la supuesta asignación irregular de fondos a obras sociales y para gastos personales, en una investigación que se inició como un desprendimiento del expediente por la "mafia de los medicamentos".
Oyarbide le imputó el otorgamiento, como titular de la Superintendencia, a 52 obras sociales la suma de 47.744.950 pesos "para ser aplicados a la implementación de programas de prevención de enfermedades" sin que hubiera motivos -según el juez- para dárselos a dichas entidades en detrimento de otras y sin que se trate del objetivo del organismo, destinado a realizar "funciones eminentemente supervisoras y de contralor".
Pero, además, el juez determinó que Capaccioli hasta utilizó dinero público para gastos personales que van desde ropa de marca, objetos tales como una lupa de 500 pesos, un llavero de 350, una cuna, mates, bombillas marca "Cardón", y hasta una caja de bombones declarada como "regalo a un diputado".
En tanto, el tribunal declaró la nulidad del procesamiento de Capaccioli por el delito de "abuso de autoridad" en el marco de una investigación en torno al dictado de una resolución en aquella Superintendencia, por medio de la cual se distribuyeron 47 millones de pesos a distintas obras sociales para la atención de programas preventivos de salud.
Esta última medida alcanza también a Osvaldo Oscar Cochlar, ex gerente de Gestión Estratégica de la Superintendencia de Servicios de Salud; a Fernando José Scopinaro, ex subgerente de Gestión Estratégica, y a Horacio Agustín Ballesteros, ex gerente de Asuntos Jurídicos.
Según los camaristas Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Farah, "se observa nítidamente que la fundamentación del temperamento adoptado posee vicios que impiden considerarlo como un acto jurisdiccional válido".
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