Gestiones con PAMI
y con las empresas prepagas
Se buscan acelerar los pagos de las tasas de incentivo de la obra social de los jubilados a través de una comisión mixta.
Los graves atrasos que el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados registra en los pagos de las tasas de incentivo sigue causando un grave perjuicio para los bioquímicos de la provincia de Buenos Aires y del resto del país, razón por la cual, la CUBRA ha tomado el reclamo y lo ha llevado a la conducción nacional de esa obra social.
Ya se ha dicho en reiteradas ocasiones que el valor de la cápita del Pami, junto a las tasas de incentivo representan una remuneración profesional aceptable, pero que si falla cualquiera de los dos términos de esa ecuación, en este caso el segundo, la retribución se menoscaba y la atención de laboratorio se torna deficitaria.
También hemos mencionado que los pagos de las tasas de incentivo están sujetos a los resultados de las auditorías de real prestación que lleva adelante cada Unidad de Gestión Local, en el marco de un trámite que pareciera tener deliberadas complicaciones que los postergan indefinidamente en el tiempo sin resolución alguna, razón por la cual también quedan pendientes los pagos.
En diciembre se llevó a cabo una reunión de la CUBRA, encabezada por su titular, el Dr. Carlos Navarro, de la que también participó FABA, con la Jefa de Gabinete de Asesores de la Dirección Ejecutiva del Pami, María Teresita Ithurburu, quien representó al titular del Instituto Luciano Di Césare.
En esa oportunidad se acordó la integración de una comisión mixta que comenzará a funcionar a partir del 11 de enero próximo, y cuyo cometido será el de analizar la situación, para su posterior solución, de los problemas existentes en torno a la transmisión de la información por un lado, y por el otro, aspectos bioquímicos relacionados con las auditorías, nomencladores y otros temas.
Al parecer, la intención del PAMI sería la de elaborar una suerte de plan de contingencia para dar una rápida salida a las auditorías que se encuentran demoradas y efectuar en consecuencia los pagos correspondientes.
Medicina prepaga
Por otra parte, la Federación Bioquímica ha cursado durante el mes de diciembre cartas documento a las empresas de medicina prepaga habida cuenta de que según coincidentes versiones, el gobierno nacional se aprestaba a autorizar un nuevo aumento en las cuotas que esas compañías cobran a sus adherentes.
Es más, varias de esas empresas y sin esperar la autorización de la Secretaría de Comercio que comanda Guillermo Moreno, en diciembre ya remitió las facturas con incrementos que, según los casos, se ubican entre el 12 y el 15 por ciento con respecto a la cuota del mes anterior.
En virtud de esta situación, la Federación Bioquímica, al enviar cartas documentos a esas empresas reclamando mejoras arancelarias, inició las correspondientes gestiones a fin de mejorar las retribuciones por las prestaciones que se brindan a los adherentes de esas firmas.
Las gestiones, lo mismo que las ya encaradas con obras sociales sindicales con el mismo fin, proseguirán con toda intensidad durante el mes de enero.
Gestión judicial
El fiscal federal Federico Delgado pidió el 17 de diciembre que el Ministerio de Salud de la nación informe en un plazo de 24 horas sobre los motivos por los cuales no se le entregó una costosa medicación a una paciente, pese a la existencia previa de una orden judicial.
Así lo requirió el fiscal mediante un dictamen de dos carillas, que presentó ante el juez federal subrogante Marcelo Martínez de Giorgi, donde solicitó que "se sirva informar los motivos por los cuales no se otorgó la cobertura médica solicitada por Isabel Elsa Lamas".
Según describe en el dictamen, la mujer padece una "severa enfermedad crónica", psoriasis artropática, que "para su correcto tratamiento requiere se suministre el remedio individualizado (Etanercep - Enbrel - 50 miligramos) que tiene un costo mensual de 3.168 pesos aproximadamente".
La mujer, quien posee una cobertura médica a través del Ministerio de Salud de la Nación – PROFE realizó una presentación ante el fuero Civil reclamando la entrega de la medicación que le negaban desde la obra social.
Así, la Justicia en lo Civil y Comercial Federal de la Capital Federal le dio la razón a Lamas, y ordenó "hacer lugar a la medida precautoria".
"La demandada deberá, en el plazo de cinco (5) días proveer con cobertura integral del 100% la medicación conforme fuera indicado a tenor de las características de la paciente y las que se indiquen en el futuro", según se señala en ese fallo.
No obstante, como la mujer seguía sin recibir la medicación acudió a la Justicia Federal por presunta "desobediencia" a una orden judicial, y ahora el fiscal pidió que se tomen medidas.
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