Permiten a prestadores de salud
regularizar sus deudas impositivas
Tras sucesivos reclamos de la Federación Bioquímica de la provincia de Buenos Aires, el Gobierno permitió que los prestadores de salud que hubieran sido alcanzados por el estado de emergencia sanitaria en el 2002, ahora puedan regularizar sus obligaciones tributarias adeudadas.
Mediante la ley 26.283, publicada en los últimos días de septiembre en el Boletín Oficial, se dio a conocer un régimen de beneficios para los prestadores médico-asistenciales públicos o privados y las Obras Sociales del Sistema Nacional del Seguro de Salud, siempre que hubieren sido alcanzados por el estado de emergencia sanitaria nacional.
La medida abarca a laboratorios de análisis clínicos, establecimientos geriátricos, psiquiátricos, y los servicios de emergencias médicas, para que todos ellos puedan regularizar sus obligaciones tributarias adeudadas.
Quedaron excluidos de esta medida quienes hayan sido declarados en estado de quiebra, querellados o denunciados penalmente por la ex Dirección General Impositiva, denunciados formalmente o querellados penalmente por delitos comunes.
Además, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) establecerá planes especiales de facilidades de pago para la cancelación de las obligaciones.
Los planes serán de hasta quince años, tendrán una tasa de interés del seis por ciento nominal anual para su financiamiento, y la deuda consolidada incluirá los intereses resarcitorios devengados a una tasa del seis por ciento nominal anual hasta la fecha de acogimiento al régimen de esta ley.
El acogimiento a este régimen por parte de los empleadores implicará para sus trabajadores el reconocimiento de sus aportes previsionales, según determinó la legislación.
DISCUTEN ARANCELES
La Superintendencia de Servicios de Salud recibió en septiembre a representantes de instituciones bioquímicas para evaluar un incremento de los aranceles por prestaciones que brindan a las obras sociales.
Tras el encuentro, los efectores renovaron su reclamo de "hacer efectivo el 20 por ciento ya comprometido a partir del primero de enero último".
También se solicitó "disponer un aumento arancelario adicional de emergencia del 30 por ciento, de carácter vinculante, de manera de poder afrontar los aumentos de insumos y la inminente negociación salarial del sector".
Asimismo, en el marco de los reclamos por la fijación de aranceles mínimos, éticos y obligatorios, se sostuvo que los mismos "deben estar basados en los costos de cada una de las prácticas, a los efectos de dar equidad y transparencia en la cadena de valor, como única salida a la crisis que padece el sector prestador".
Concretamente, se reclamó un incremento adicional del 30 por ciento en los aranceles que abonan las obras sociales y las prepagas, junto con el pago de la totalidad del aumento pactado en enero último.
Se destacó que las obras sociales y las prepagas "no cumplieron con el total del incremento del 20 por ciento obligatorio en los aranceles acordados a principio de año y sólo se llegó a un aumento parcial".
Además "se reclamó un 30 por ciento más para poder afrontar los aumentos de insumos y la negociación salarial con los trabajadores de la sanidad que comenzará en los primeros días de diciembre".
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