Institucionales

Compromiso del PAMI
para regularizar los pagos
Desde diciembre próximo, todos los meses se facturaría una cápita y un mes de tasa de incentivo, esperemos que esta no sea una promesa más

A mediados de octubre se reuni ó la Comisión Mixta que integran la CUBRA y las autoridades del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, encuentro en el que la conducción del PAMI formalmente se comprometió a pagar mensualmente, a partir de diciembre venidero, una cápita (concepto "cápita") y las tasas de incentivo de un mes completo.
De esta forma, los pagos, más allá de los atrasos existentes, se normalizarían ya que todos los meses se percibiría el monto completo de la cápita global.
Pero hay que recordar que en anteriores y reiteradas ocasiones las autoridades del PAMI adquirieron compromisos relacionados con los pagos de deudas, que finalmente no cumplieron.
Si bien es imposible negar la existencia de cierto escepticismo o dudas al respeto, la Federación Bioquímica espera que el Instituto cumpla en esta ocasión con la palabra empeñada y que no se trate de una promesa más.
Hay que decir que se concretó la facturación de las tasas de incentivo de junio y se espera que en noviembre pase lo mismo con las de julio.
De acuerdo a lo prometido desde el PAMI, ya en diciembre se facturarían las tasas de incentivo correspondientes a agosto, prosiguiendo luego los pagos con esa regularidad.
Por otra parte, durante el mismo encuentro de la Comisión Mixta, los bioquímicos pusieron de manifiesto su profundo malestar por los débitos que se vienen produciendo en las liquidaciones de facturaciones en algunos sectores del territorio bonaerense, cosa que también sucede en otras provincias.
Los débitos se deciden en función de trámites más que confusos que por cuestiones burocráticas y en los hechos, virtualmente resultan imposibles de poder aclarar porque cuando desde alguna UGL se alude a un número de expediente, éste luego resulta imposible de ubicar.
En síntesis, la falta de una documentación clara y fehaciente por parte del PAMI, hace que tales débitos carezcan por completo de justificación.

Prepagas

En otro orden, se siguen registrando algunas dificultades en las negociaciones arancelarias con ciertas empresas de medicina prepaga, que se niegan a reconocer las mejoras reclamadas por la Federación Bioquímica y que apuntan a recuperar el terreno perdido con la inflación. La posición de estas compañías, que históricamente no han reconocido a sus prestadores los aumentos de los costos, ha sido la de no trasladar los porcentajes de aumentos que ellas venían aplicando en las cuotas que cobran a sus afiliados, hasta que entrara en vigencia la reglamentación de la legislación que regula la actividad de este sector.
FABA reclama una actualización acorde a los incrementos de los salarios de los trabajadores del laboratorio que hay que abonar desde agosto y al creciente costo de los insumos.
Las prepagas aducen que el gobierno nacional no autorizó el incremento del quince por ciento desde agosto que las empresas habían solicitado y que solamente aprobó un aumento del siete por ciento desde septiembre pasado.
Pero, la Federación Bioquímica insiste, mientras las negociaciones continúan, en que hasta antes de la reglamentación de la ley de prepagas, éstas no trasladaban a los prestadores los porcentajes de mejoras arancelarias que se solicitaban, estirándose cada vez más la brecha de la desfinanciación.
Sobre el tema de estas empresas hay que apuntar además que se ve con preocupación que algunas prepagas gremiales chicas se están pasando a otras de mayor envergadura, cuestión que de persistir, podría originar situaciones rayanas con los oligopolios o posiciones dominantes en el sector, lo que pondría a los efectores en un marcado pie de desigualdad, más cuándo varias de ellas vienen ampliando "sus negocios" en las Aseguradoras de Riesgos de Trabajo.

Obras sociales

En lo que hace a las negociaciones encaradas por la Federación Bioquímica con las obras sociales sindicales, el panorama, en líneas generales es de acompañamiento a los requerimientos de nuestro sector, salvo algunas excepciones.
Entre este último tipo de situaciones se encuentra Unión Personal, obra social que nuclea a trabajadores del gobierno nacional, la que genera entre los bioquímicos una gran disconformidad por la postura adoptada en el marco de las negociaciones.
De no prosperar en un lapso razonable esas tratativas, podría llegar a plantearse una conflictiva situación que nadie quiere.

Bloqueos

Por otra parte, versiones periodísticas conocidas en octubre dieron cuenta de que un informe de la Auditoria General de la Nación (AGN) habría detectado que "al menos más de la mitad de la recaudación del Fondo Solidario de Redistribución (FSR) de las obras sociales permanece en una cuenta oficial del Banco Nación sin distribuir en el sistema. Y que esa retención de fondos contradice la ley de obras sociales que fija que los excedentes del fondo correspondientes a cada año serán distribuidos entre los agentes del seguro en proporción a sus aportes y exclusivamente para ser aplicados al presupuesto de prestaciones de salud", según un matutino porteño.
De acuerdo a la misma fuente, la Auditoria señala "que el saldo final al cierre del ejercicio 2010 de la cuenta Corriente N° 4693/36 era de $ 6.144.977.207,69 y la cuenta corriente N° 2713/69 ascendía a $ 56.691.972,67. Esas cuentas bancarias son del Banco Nación y corresponden al FSR".
Y resulta coincidente entre las dos centrales obreras de Moyano y Caló el reclamo por la liberación de esos fondos que salen de aportes de los trabajadores.
"Además del movimiento de fondos, la AGN observó que de los ingresos anuales, el FSR distribuyó casi un 45% para financiar sus gastos de funcionamiento, el programa SANO que garantiza a las obras sociales un ingreso mínimo por beneficiario y la Administración de Programas Especiales que reintegra los costos de los tratamientos de alta complejidad. El 55% quedó retenido sin distribuir, fondos que son utilizados por la Secretaria de Hacienda para "cubrir necesidades transitorias del Tesoro Nacional". El informe detalla que en 2008 quedó sin distribuir el 53% de la recaudación, en 2009 el 50% y en 2010 el 60%. Actualmente el FSR recauda por mes unos $ 2.000 millones. En base a estos números, y a la recaudación del FSR de 2011 y de lo que va de 2012, se estima que la actual la cuenta del FSR en el Banco Nación ascendería a unos $ 14.000 millones", añade la misma versión.
También se comentó en la publicación que el informe de AGN plantea que "la Superintendencia no recibe información de lo recaudado por la AFIP que le permita verificar la integridad y corrección de los valores recaudados y transferidos". También dice que por el programa SANO en 2009 se distribuyó el 14% de lo recaudado y en 2010 el 11%, cuando la legislación dice que la distribución automática para ese fin no puede ser menor al 70% de lo recaudado. Y que además de los fondos sin distribuir, "sería conveniente tomar los recaudos pertinentes a fin de que quede debidamente documentado todo el proceso de distribución del SANO, de manera de permitir su reconstrucción y fundamentalmente verificar que no quede excluido del subsidio la población vulnerable".