Institucionales

Siguen los atrasos en pagos de las tasas de incentivo del PAMI
En la Comisión Mixta se llegan a acuerdos que luego no son reconocidos por algunas Unidades de Gestión Local

Los atrasos en los pagos de las tasas de incentivo, que representan casi la mitad del valor capitario total, siguen enmarcando las relaciones contractuales entre la Federación Bioquímica y el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados.
Paralelamente, se siguen oscureciendo los nubarrones del sistema solidario en materia de salud a nivel nacional, debido a los tironeos, cada vez más fuertes y con graves denuncias cruzadas, entre el gobierno y la Confederación General del Trabajo, con multimillonarios fondos de las obras sociales que siguen dando vueltas, mientras la crisis prestacional va adquiriendo dimensiones de creciente magnitud.
Con relación al PAMI hay que decir que en algunas Unidades de Gestión Local (UGL), pero no en todas, se pudo facturar en marzo las tasas de incentivo correspondientes a noviembre y diciembre, y en los primeros días de abril se deberían estar facturando las de enero, pero no existe una certeza al respecto.
En épocas inflacionarias, como la que se registra en el país desde hace al menos dos años, estos atrasos desvirtúan el ingreso profesional, erosionándolo en forma proporcional a la dimensión del atraso.
A mediados de marzo se realizó un encuentro de la denominada Comisión Mixta que integra la CUBRA, con representación de FABA, y la conducción del PAMI. En esa oportunidad se manejaron valores para las tasas de incentivo de diciembre y noviembre que luego las facturas no fueron aceptadas por todas las UGLs, configurándose de ese modo una situación que por reiterada parece como instrumentada, mientras que el Instituto sigue financiando la caja de rentas generales del gobierno nacional.
Desde estas mismas páginas ya se ha alertado sobre esta situación que debe llegar a su fin, de modo que la relación contractual entre el PAMI y los bioquímicos esté garantizada de una manera armónica y aceitada en su funcionamiento.

IOMA

Durante el mes de marzo, la Federación Bioquímica cursó a la conducción del Instituto de Obra Médico Asistencial un requerimiento en cuya parte inicial se sostiene que resulta “necesario remontarnos en el tiempo y hacer un poco de historia, para que tomemos verdadera conciencia de la justicia de nuestros reclamos y pedidos”.
“El convenio vigente entre el IOMA y FABA –prosigue- se concretó en el año 1993, cuando se fijó el valor de la cápita y los valores de los bonos ponderados a $6 (para boletas hasta cuatro prácticas) y $10 (para boletas con más de cuatro prácticas). Hasta el año 2005, se pactaron distintos aumentos del valor de la cápita, sin producir ningún incremento de los valores de los bonos ponderados durante 12 largos años generando un marcado deterioro del porcentaje de cobertura del coseguro de IOMA. Si bien en los últimos años se ha ligado el porcentaje de aumento de la cápita al nuevo valor del coseguro, gracias a su gestión, ese desfasaje producido por el congelamiento de 12 años no se ha corregido y es necesario y hasta imprescindible producir un incremento extra de los bonos ponderados para que no sean los bioquímicos los que tengan que hacerse cargo de la diferencia. Además hoy día sostener los distintos convenios con los coseguros sindicales ya no es viable ni administrativa ni financieramente para los laboratorios”.
Seguidamente se añade que “el aumento del consumo producido en los últimos diez años, ya sea por incremento en el número de prácticas por boleta, en el número de prácticas de alta complejidad y en el número de reiteraciones de pedidos de análisis, medido en n° de prácticas por paciente por año ha sido superior al 40%. Solamente hemos tenido un reconocimiento por parte del IOMA de un escaso 5% durante el año 2010 referido a este desfasaje”.
Se puntualizó en el requerimiento que “también nuestros colegas son conscientes de la promesa realizada de un reconocimiento extra del 7% a los laboratorios acreditados, que brindan calidad con alto esfuerzo personal y monetario, y que nunca fuera efectivizada, a pesar de que sí hubo un reconocimiento a clínicas acreditadas”.
“Y también del APB (Acto Profesional Bioquímico artículo 18 Ley 8271) que muchas Obras Sociales reconocen y se hacen cargo o abonan los pacientes en el laboratorio, como por ejemplo la de la Caja de Abogados que determina legítimo el cobro del acto bioquímico pero considera que lo debe pagar el afiliado en el laboratorio. Todas estas posturas por parte del IOMA repercuten en la economía de nuestros Laboratorios y disminuye el valor final de lo percibido por cada análisis realizado”, se enfatizó.
En otra parte de la nota se expresó que “si sumamos los incrementos de la cápita de los tres últimos años, 5% en el 2009, 16% en el 2010 y 17% en el 2011, y los comparamos en el mismo período con la inflación general, con el aumento de los salarios de los empleados públicos, con el incremento de los salarios de los empleados de laboratorios, con la escalada de los insumos de laboratorio y de los gastos fijos correspondientes, es necesario durante el corriente año convenir con el IOMA un incremento importante de la cápita para poder paliar parte de este atraso arancelario, conjuntamente con el compromiso de reducir los plazos de pago por lo menos en un mes calendario para que nuestros colegas no reciban la retribución de su trabajo con excesivo retraso”.
“Pero además –se dijo en el texto de FABA-, es todavía más necesario que el IOMA reconozca de una vez por todas una tasa de uso de referencia, que sirva de monitoreo del convenio. No se puede cubrir TODO dentro de la cápita, con nuevos programas, sin límites, cuando sabemos que el consumo sigue disparado, a pesar de la auditoría. Esta sobre prestación desmedida hace que los aranceles que se pueden pagar a los bioquímicos con la cápita sean uno de los más bajos del mercado.
En la parte final del requerimiento se puso énfasis en que “desde ya apelamos a su sensibilidad para que se haga eco de todos nuestros reclamos y juntos podamos arribar a un acuerdo que permita corregir las actuales dificultades de nuestra Red de Laboratorios, para que pueda seguir ofreciendo la calidad en la atención que el paciente del IOMA se merece”.

Pelea CGT-GOBIERNO

En marzo se agudizó severamente el conflicto entre la central obrera que lidera Hugo Moyano y el gobierno nacional.
Públicamente Moyano salió a profundizar sus críticas al gobierno en general y a la presidente Cristina Fernández de Kirchner en particular, renovó sus reclamos por 12.000 millones de pesos “que pertenecen a las obras sociales de los trabajadores”, y deslizó la posibilidad de convocar a un paro general.
Mientras tanto, la Auditoría General de la Nación, (4 de sus 7 miembros son oficialistas) señaló que encontró múltiples irregularidades. En el centro del escándalo quedaron la APE, un organismo dependiente del Ministerio de Salud de la Nación, y más de 40 prestadoras de salud.
La AGN denunció prestaciones a pacientes fallecidos, cirugías a supuestos afiliados de más de 170 años, troqueles de medicamentos falsos, documentos irregulares, un presunto fraude millonario, que pone en el centro del escándalo a la Administración de Programas Especiales (APE, un organismo dependiente del Ministerio de Salud de la Nación) y a más de 40 obras sociales, en donde Christian Asorey, yerno de la mujer de Moyano fue reemplazado por la ultra kichnerista santacruceña Liliana Korenfeld; el organismo además, pasó a depender de la Superintendencia de Servicios de Salud.