Institucionales

Preocupación por el atraso en la facturación de los incentivos del PAMI
Al finalizar febrero todavía no se habían podido facturar las tasas de incentivo de noviembre y diciembre. Otras deudas

Comienza a generar preocupación entre los bioquímicos bonaerenses la situación planteada con el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, dado que al finalizar febrero todavía no se han facturado las tasas de incentivo correspondientes a los meses de noviembre y diciembre, con lo cual se vuelve a producir un atraso que desnaturalizaría la aplicación del nuevo modelo prestacional.
En la mayor parte de las Unidades de Gestión Local, ya se han pagado las tasas de agosto y septiembre y solamente algunas han hecho efectivo el pago de las correspondientes a octubre.
Además, el PAMI adeuda los pagos de los ajustes de cápita de agosto y septiembre, los que fueron oportunamente facturados.
Hasta el mes de enero último el Instituto, aunque con retrasos menores, venía cumpliendo en tiempo y forma con el convenio prestacional, pero estos atrasos han generado, como se dijo, mucha preocupación, por lo que se solicitó a la conducción del PAMI una reunión que originalmente se iba a realizar el jueves primero de marzo pero que finalmente el Instituto postergó para la semana siguiente.
En ese encuentro, además de reclamarse los pagos inmediatos de los montos adeudados, se hará hincapié en la necesidad de que no se vuelva a incurrir en los atrasos que se verificaron durante gran parte del año pasado y que comprometieron financieramente el funcionamiento de nuestros laboratorios y de hecho, el tenor de la retribución profesional.
Ya se había anticipado desde estas páginas la posibilidad de que en el año en curso el gobierno nacional experimentara "dificultades de caja", y que a partir de esa hipotética situación, se siguieran tomando fondos de organismos como el PAMI, tal como ocurrió en 2011, caso en el cual se verían de algún modo comprometidas las finanzas del Instituto, aunque esperamos que este no sea el caso que origine este nuevo retraso en los pagos.

IOMA

Con el Instituto de Obra Médico Asistencial durante el mes de febrero no se registraron avances en cuanto a un incremento del valor de la cápita, ya que en enero las autoridades del Instituto habían anticipado, tal como se indicara en la última edición del FABA Informa, que esa mejora depende en forma directa del aumento salarial que se brinde a los docentes, los trabajadores de la administración pública provincial y los empleados de los distintos municipios.
Pero la dilucidación de esas negociaciones se viene dilatando, ya que el primer grupo con el que se negoció fue el de los docentes y luego el de trabajadores estatales, sin que se llegara a ningún acuerdo.
Los docentes fueron al paro en las primeras jornadas de clases y recién las partes, de acuerdo a los datos que se manejaban al cierre de la presente edición del FABA Informa, volverían a reunirse el viernes dos de marzo, quedando pendientes el resto de las negociaciones con los distintos sectores laborales públicos de la provincia de Buenos Aires.
Toda esta problemática provoca que el IOMA no sepa con que fondos contará ya que no se definen aumentos salariales, por lo que las respuesta a los prestadores de salud, incluidos los bioquímicos, se dilata en el tiempo conspirando con los presupuestos de los laboratorios que tienen que pagar en término no solamente el incremento de sueldos a sus trabajadores, sino además los servicios públicos, alquileres de locales y cargas tributarias.

¿Juicios al Estado?

Por otra parte, tal como lo habíamos advertido, el conflicto político entre Hugo Moyano y parte de la conducción de la Confederación General del Trabajo, con el gobierno nacional, prosigue su escalada.
Y en ese sentido hay que decir que, más allá de la carta que el dirigente camionero cursó a la Presidente de la Nación en febrero en la que se refirió a las obras sociales, el tema está entre los primeros en la agenda de Moyano.
Pocas horas después de haber cursado la nota a la Presidente y en un asado al que asistieron numerosos dirigentes sindicales, Moyano habló sobre la posibilidad cierta de que se inicie un reclamo judicial al Estado por una deuda del orden de los 12.000 millones de pesos para con 302 obras sociales gremiales.
El monto señalado por Moyano no es enteramente reconocido por el gobierno nacional, pese a lo cual, la suma adeudada es sumamente importante.
Fuentes ligadas a la conducción de la central obrera dijeron que de los 12.000 millones, alrededor de 10.500 millones corresponden a los aportes obligatorios que se les retiene a los trabajadores de sus sueldos.
Los otros 1.500 millones de pesos, siempre al estar de las cifras manejadas por los gremialistas provendrían de deudas por los reintegros por prestaciones de alta complejidad que se brindan a través de la Administración de Programas Especiales (APE).
Si bien en otras ocasiones y en forma más o menos reservada Hugo Moyano había deslizado la posibilidad de judicializar el reclamo por las deudas del estado para con las obras sociales sindicales, las asperezas surgidas con el gobierno nacional habrían obrado como detonante de una probabilidad mencionada en febrero por varios dirigentes gremiales.
Pero además, los mismos gremialistas aseguran que en la actualidad y en virtud de de las deudas que se reclaman, existen varias obras sociales sindicales que se encuentran en una pésima situación financiera e incluso, algunas de ellas, al borde de interrumpir ciertas prestaciones a sus afiliados.
Esta es una posibilidad que desde FABA Informa se señaló en la edición de diciembre pasado al realizar un balance de los actuado por la Federación Bioquímica durante 2011 y delinear los posibles escenarios sanitarios para 2012.
El cuadro de situación no estaría completo si no se indicara que, de acuerdo a coincidentes lecturas de varios analistas políticos y sindicales, la posibilidad de que se judicialice el reclamo al Estado por las deudas que se mantienen con las obras sociales, de algún modo unificaría el frente gremial que hoy se encuentra claramente fragmentado y con un panorama incierto de cara a la elección de la nueva conducción cegetista en junio.
Incluso, dirigentes del sector conocido como "los gordos" admitieron que estarían de acuerdo con Moyano para que cada obra social gremial vaya a la Justicia por la deudas, caso en el cual opinaron que habría "una crisis" del sistema sanitario.
Otros dirigentes sindicales que se identifican como "independientes", cuestionan la posibilidad de judicializar el reclamo por las deudas, diciendo que ello puede demorarse "años" en la Justicia, mostrándose al mismo tiempo, partidarios de negociar un acuerdo con el gobierno nacional.
Sin haberse puesto de acuerdo con los gremios con respecto al monto global de la deuda, el gobierno se había comprometido a cancelar mil millones de pesos durante el año pasado, de los cuales solamente hizo efectivos 259, según las fuentes ligadas a Moyano, las que además señalaron que el titular cegetista le habría puntualizado este tema a la Presidente en su reciente carta.