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Institucionales

Dificultosa negociación con las prepagas médicas
Solamente algunas de esas empresas, con poca cantidad de afiliados, reconocieron mejoras arancelarias que las compañías de mayor importancia niegan

Las negociaciones de la Federación Bioquímica de la Provincia de Buenos Aires con las empresas de medicina prepaga, tal como lo anticipáramos en la última entrega de FABA Informa, se están haciendo realmente muy dificultosas.
Durante febrero, las empresas del sector no consiguieron aplicar el aumento del 5,5 por ciento en las cuotas que cobran a sus afiliados, según habían anunciado, dado que el Secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, puso el tema en una suerte de impasse, por lo menos hasta mediados del mes de marzo.
Pero lo que FABA viene reclamando es una actualización de los aranceles bioquímicos de un tiempo a esta parte, máxime que en diciembre se aplicó una suba de las cuotas de 9,5 por ciento.
Durante marzo la Federación Bioquímica continuará las gestiones, pero no se descarta la aplicación de alguna medida de acción con aquellas prepagas que prosigan negándose a actualizar las remuneraciones bioquímicas de acuerdo a las pautas que se manejan en FABA.
Algunas empresas de medicina prepaga, numéricamente poco representativas, es decir, con una cantidad de afiliados baja, han reconocido mejoras arancelarias que se acercan a lo pretendido por FABA, pero las compañías grandes siguen manejando valores que distan abismalmente de lo planteado por la Federación Bioquímica.
Las medidas que podrían decidirse en el curso del mes recién iniciado no son deseadas por nadie pero tampoco los bioquímicos podemos sostener un sistema sanitario con el cual lucran grandes grupos empresarios que, paradójicamente, justifican ante sus afiliados el aumento de los valores de las cuotas por los incrementos que teóricamente deben afrontar por el encarecimiento de las prestaciones.
Para colmo, los bioquímicos debemos afrontar en estos días un incremento de los salarios de los trabajadores del laboratorio del orden del 5 por ciento a partir de febrero, para completar el 33 por ciento acordado en las paritarias, de las que Federación Bioquímica no participa, con el gremio de Sanidad merced al Convenio 108/75.
Pero más allá de esos argumentos que de por sí marcan la razonabilidad del reclamo bioquímico, lo cierto es que ya sea en marzo o en abril a más tardar, el gobierno nacional autorizará a las empresas de medicina prepaga a aplicar finalmente el incremento del 5,5% para el valor de las cuotas que perciben y que habían previsto originalmente comenzar a percibir a partir de febrero.
Entonces, con mayor razón todavía, la FABA debe mantener a pleno el reclamo de mejoras arancelarias a las prepagas y de allí que la posibilidad de aplicar alguna medida de acción gremial, de no prosperar las extensas negociaciones encaradas, surge como algo virtualmente inevitable.
No hay que perder de vista que Guillermo Moreno, junto al superintendente de Servicios de Salud, Ricardo Bellagio, se encuentra analizando las planillas de costos cuya presentación exigió a las prepagas en la reunión sostenida el 8 de febrero, para resolver luego la autorización, o no del incremento del 5,5% o en su defecto, otro guarismo.
De este modo, el gobierno nacional aplica por primera vez las disposiciones surgidas de la reglamentación de la ley que regula la actividad de las empresas de medicina prepagas. La normativa en cuestión estipula que el Estado autorice los aumentos de las cuotas de esas compañías luego de analizar los costos que éstas justifiquen.
Es que el Gobierno hará debutar la ley que regula al sector y que fue reglamentada a fines del año pasado. Y allí se especifica que el Estado es quien tiene la potestad para autorizar retoques en las cuotas, previa fiscalización de las cifras de las compañías.
Concretamente, la legislación aclara que el gobierno nacional podrá autorizar aumentos de las cuotas de las prepagas "cuando estén fundados en variaciones de la estructura de costos y un razonable cálculo actuarial de riesgos".
La autorización del incremento debe ser firmada por el Ministerio de Salud, pero la secretaría de Comercio Interior debe elevar previamente a la cartera sanitaria un dictamen con el análisis de los costos que refrende.


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