Avance positivo con PAMI por las tasas de incentivo
Se acordó que las facturaciones de las Unidades de Gestión Local 8, 11, 29 y 31, se elevarán directamente a la conducción central del Instituto
En el marco de las reuniones que se vienen manteniendo entre la CUBRA, en la que participa FABA, y funcionarios del Pami central, se acordó que las facturaciones en concepto de tasas de incentivo correspondientes a las Unidades de Gestión Local 8, 11, 29 y 31, que eran las que mayores retrasos mostraban, se elevarán directamente a la conducción centralizada del Pami, ya que las auditorías correspondientes fueron parcialmente cuestionadas por las autoridades del Instituto.
Las reuniones por esas y otras tratativas continúan a afectos de ir buscando y aplicando soluciones a las distintas dificultades que se presentan en cada Unidad de Gestión Local, tal como lo había prometido la conducción central de Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados.
Esos problemas se presentan en todo el país, pese a que en la provincia de Buenos Aires existen diez UGLs mientras que en el resto de las provincias existe una sola, salvo en Córdoba y Santa Fe en donde hay dos.
Pero lo cierto es que los atrasos en los pagos de las tasas de incentivo es algo que desnaturaliza el monto de la retribución profesional que el Instituto brinda a sus prestadores bioquímicos, ya que ese ítem, junto al monto capitario propiamente dicho, conforman un todo más o menos razonable, pero al fallar uno de los dos términos de la ecuación, la situación se dificulta al extremo.
Las injustificadas demoras e idas y vueltas de las interminables auditorías de real prestación que deben autorizar los pagos de las tasas de incentivo, como ya se ha dicho en anteriores ediciones de este medio, parecieran responder a una decisión de estirar los plazos de pago. Pero esto no debería ser así, lógicamente.
El Instituto cuenta con fondos más que suficientes para pagar en tiempo y forma a sus prestadores de salud ya que, como se sabe, el gobierno nacional ha tomado fondos del Pami para gastos corrientes. Pero además, a fines de marzo la presidente de la Nación dispuso que el Instituto, a partir del primero de mes, reconozca a sus afiliados el ochenta por ciento del precio de los medicamentos de uso frecuente.
El aumento en la cobertura contempla aquellos medicamentos de uso frecuente en patologías cardiovasculares, elevado colesterol, hipotiroidismo, gotas oftálmicas y una serie de antibióticos de amplio espectro y elevado costo.
Esta disposición, según se informó desde el propio Instituto, demandará un gasto extra de 120 millones de pesos.
Más allá de toda posible connotación electoralista de la medida, nadie discute su justicia ya que es el sector de los jubilados y pensionados, precisamente, uno de los más perjudicados históricamente en el país, situación que tiende a agravarse con cada nuevo gobierno.
Prepagas
Por otra parte, sigue siendo incierta la situación de los aumentos dispuestos por las empresas de medicina prepaga en el valor de la cuotas que cobran a sus afiliados.
Algunas ya habían subido un cinco por ciento en marzo y se proponían aplicar un porcentaje similar desde abril.
Otras en cambio, se aprestaban a enviar facturas con aumento de entre el 8 y el 12 por ciento a partir de abril, mientras que desde la Secretaría de Comercio Interior, encabezada por Guillermo Moreno, no se bajan disposiciones precisas para el sector.
En ese marco, las autoridades de la Federación Bioquímica proseguirán las tratativas iniciadas con empresas del sector, lo mismo que con obras sociales sindicales, a efectos de lograr mejoras en las retribuciones profesionales, toda vez que, además, la inflación prosigue su marcha mientras que desde el gobierno nacional no se la reconoce o define como, por ejemplo, "pensiones en los precios".
Pero además, hablando de las empresas de medicina prepaga, es necesario que el Congreso de la Nación finalmente apruebe una ley lo más detallada posible definiendo coberturas e incumbencias de las prepagas médicas, ya que a falta de normativas clara, se suceden situaciones que distraen fondos, lo que a su vez termina de repercutir sobre las retribuciones profesionales.
Uno de esos casos se dio a fines de marzo, cuando la Justicia resolvió que una empresa de medicina prepaga garantice descuentos en alimentos para una nena celíaca, en una medida considerada de vital importancia por la Asociación Celíaca Argentina, que afirmó que "el medicamento de las personas que sufren esta enfermedad es la dieta, que es muy cara".
El fallo pertenece a la Sala II de la Cámara en lo Civil y Comercial Federal, que resolvió que la prepaga OSDE deberá efectuar los mismos descuentos que reconoce en medicamentos a la harina especial que debe consumir una niña celíaca, informaron fuentes judiciales.
Por su parte, un vocero empresario de OSDE dijo que "hay una serie de antecedentes de jueces que incorporan prestaciones y sería bueno que cuando nos obligan a cubrir un costo nos dijeran con qué recursos, a fin de no debilitar el sistema de nuestra prestación".
Nadie discute la justicia de la disposición judicial, pero si con los mismos ingresos se debe hacer frente a gastos crecientes y que son determinados por los jueces, en momentos de inflación, lo que más rápido pagan la desorganización son los prestadores ya que sus honorarios pierden terreno en el marco de los reconocimientos dinerarios de estas empresas.
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