Procesan a funcionarios de salud
Dos ex superintendentes de servicios de salud y un ex gerenciador del PAMI procesados. La investigación por la denominada “mafia de los medicamentos”, que compromete además a un gran número de sindicalistas, va tomando una dimensión inusitada mientras el sistema sanitario se sigue desfinanciando
• Héctor Capaccioli
Mientras el modelo solidario de la seguridad social en materia de salud sigue en picada descendente, tal como se viene advirtiendo desde FABA Informa desde hace años, y sin que el gobierno nacional inyecte fondos extras a un sistema que sigue su marcha hacia el colapso definitivo, la investigación de la llamada “mafia de los medicamentos” va cobrando las proporciones de un escándalo gigantesco, en el que se mezclan lavado de dinero oficial para la campaña presidencial kirchnerista de 2007, obras sociales sindicales que presumiblemente adquirían y daban a sus afiliados remedios adulterados, y otras figuras que golpean directo hasta en el PAMI.
Es que durante el pasado mes de febrero, el juez federal porteño Norberto Oyarbide, dictó un segundo procesamiento para el ex titular de la Superintendencia de Servicios de Salud, Héctor Capaccioli, procesó también a su sucesor en ese cargo, Juan Antonio Rinaldi y al ex gerenciador del PAMI, Rubén Romano.
La detención y posterior excarcelación bajo fianza de medio millón de pesos del titular del sindicato de empleados rurales, UATRE, Gerónimo Venegas, y el encarcelamiento de otros gremialistas, no hizo más que ampliar el escándalo que obedece a una maraña de corrupción inimaginable a partir de oscuros manejos de los fondos destinados para garantizar la accesibilidad de los argentinos a la salud.
La investigación comprende a unas ochenta obras sociales de distintos sindicatos, afines y distanciados al Gobierno, en una megacausa que mantiene en vilo a muchos dirigentes gremiales y alcanza tanto a dirigentes de la CGT que conduce Hugo Moyano, a los de la Azul y Blanca que conduce el duhaldista Luis Barrionuevo y a los "gordos" que mantienen una posición equidistante entre ambas centrales.
Héctor Capaccioli
El 9 de febrero el juez federal Norberto Oyarbide dictó un segundo procesamiento contra el ex superintendente de Servicios de Salud y ex recaudador de la campaña kirchnerista de 2007, Héctor Capaccioli, sin prisión preventiva, en el marco de la investigación que lleva adelante por la llamada "mafia de los medicamentos".
En este caso Oyarbide acusa a Capaccioli de asociación ilícita, defraudación a la administración, negociaciones incompatibles y encubrimiento y lavado de activos, entre otros delitos vinculados a la causa por la comercialización de medicamentos adulterados o falsos que instruye el magistrado.
Además, el juez ordenó trabar un embargo por la suma de 10 millones de pesos sobre los bienes del ex funcionario kirchnerista, a quien había procesado un día antes por malversación de caudales públicos.
Capaccioli sufrió de esta manera su segundo procesamiento en apenas dos días.
El magistrado se amparó en el artículo 210, primer párrafo, del Código Penal (asociación ilícita, en carácter de miembro), en concurso real con el artículo 172 en función del artículo 174 inciso 5to (defraudación a la administración pública), artículo 248 y 265 (abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública) y artículo 278 inciso 1ro (encubrimiento y lavado de activos) para tomar su decisión.
Además, el juez dispuso los procesamientos sin prisión preventiva de Hernán Diez (por encubrimiento y lavado de activos) y de Sebastián Gramajo (por asociación ilícita en carácter de miembro en concurso real con encubrimiento).
Diez y Gramajo, colaboradores del recaudador para la campaña que consagró a Cristina Kirchner como Presidenta en 2007, fueron embargados con 620 mil y 700 mil pesos, respectivamente, según precisó el Centro de Información Judicial (CIJ).
Oyarbide le imputó el otorgamiento como titular de la Superintendencia de Salud a 52 obras sociales de la suma de 47.744.950 de pesos "para ser aplicados a la implementación de programas de prevención de enfermedades", según la resolución de más de 40 carillas.
Capaccioli -según determinó el juez- hasta utilizó dinero público para gastos personales que van desde ropa de marca, objetos tales como una lupa de 500 pesos, un llavero de 350, una cuna, mates, bombillas marca "Cardón", y hasta una caja de bombones declarada como un "regalo a un diputado".
Juan Antonio Rinaldi
En 24 de febrero Oyarbide procesó también sin prisión preventiva y embargó por cinco millones de pesos a Juan Antonio Rinaldi, ex superintendente de Servicios de Salud y sucesor de Héctor Capaccioli en ese cargo, en la causa por la llamada mafia de los medicamentos.
También fue procesado con prisión preventiva y en calidad de organizador el empresario José Luis Salerno, a quien se le trabó un embargo por dos millones de pesos.
Rinaldi está acusado de integrar una asociación ilícita y por comercializar productos o servicios con marca registrada falsificada o fraudulentamente imitada.
Salerno además fue ex policía bonaerense y ex socio de Damián Ferrón, una de las víctimas del Triple Crimen de General Rodríguez, con quien vendían medicamentos a geriátricos y obras sociales, según consta en la investigación.
Según informó el Centro de Información Judicial, los procesamientos también alcanzan a otros once acusados.
En la misma causa está detenido el jefe del gremio La Bancaria Juan José Zanola y se espera que el juez resuelva en las próximas horas la situación procesal de Gerónimo Venegas del sindicato de trabajadores rurales, que fue detenido y liberado luego de ser indagado.
Otros procesados sin prisión preventiva fueron Ana Maria Kapfer (jefa de enfermeras de Obra Social Bancaria Argentina (OSBA); Ana María Navas (funcionaria de la Administración de Programas Especiales (APE); Carlos Alberto Bonanno (farmacéutico de OSBA); Sabrina Andrea Allegrino (directora técnica de la farmacia de OSBA)
Además, procesó sin prisión preventiva a los ex empleados de la Superintendencia Fernando José Scopinaro y Osvaldo Cochlar, y al ex Gerente de Asuntos Jurídicos del organismo Agustín Ballesteros.
Rubén Romano
Unos días antes, el 10 febrero, Oyarbide ordenó el arresto del ex gerenciador del PAMI Rubén Romano y de otros dos supuestos implicados en la causa por la llamada "mafia de los medicamentos", que permanecían prófugos, según voceros judiciales.
La ex ministra de Salud Graciela Ocaña señaló que Romano -con quien tuvo un fuerte enfrentamiento durante su gestión- está procesado en causas que podrían tener vinculación con la "mafia de los medicamentos".
La ex funcionaria explicó que la Justicia comprobó que Romano realizó una alianza comercial con Sebastián Forza, una de las víctimas del triple crimen de General Rodríguez.
"Cuando yo empecé con los cambios en el PAMI, él dijo en una reunión con empresarios que le salía más barato mandarme a matar", recordó la ex funcionaria sobre la denuncia que radicó contra el ex interventor.
Para Ocaña, el Estado no podía desconocer la relación entre gremios y droguerías vinculadas a la investigación judicial.
"Creo que no puede haberse dado todo esto sin el conocimiento del Estado, prueba de ello soy yo, que di una batalla inmensa contra esto y estoy fuera del gobierno, y otros están dentro", dijo Ocaña, quien renunció a su cargo en junio de 2009 luego de considerar que había "una etapa agotada".
En referencia a la detención del titular de UATRE, Gerónimo "Momo" Venegas, la ex funcionaria afirmó que el juez federal Norberto Oyarbide "está viendo otra red que tenía vinculación" con una de las droguerías involucradas en el caso.
"Me parece importante que se vean los motivos de la detención, porque el juez hace unos 90 días pudo allanar y recuperar una enorme cantidad de medicamentos adulterados y troqueles para utilizar en la droguería vinculada a este caso", dijo.
Asimismo, agregó que "hay una matriz de corrupción histórica vinculada a las obras sociales sindicales", aunque aclaró que "habrá que ver las responsabilidades que le caben a cada uno".
Por último, puso como ejemplo la obra social de La Bancaria, donde todos los procesamientos de los responsables fueron confirmados por la Justicia Federal.
"Habrá que ver cuál es el grado de responsabilidad de esta obra social", concluyó Ocaña.
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