Institucionales

Sólo el Pami incrementó los valores de las cápitas
La mejora es del 17% aplicable a partir del primero de septiembre último. La Superintendencia de Servicios de Salud ni siquiera sugirió que las obras sociales mejoren los aranceles de los efectores que deben hacer frente a un aumento salarial de sus empleados.

Mediante la Resolución 1.271, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados otorgó a los bioquímicos y prestadores en general una mejora capitaria del 17 por ciento cuya vigencia comenzó a ser efectiva a partir del primero de septiembre último.
De ese modo, el Pami se convirtió en la única expresión estatal en dar respuesta a la necesidad de que los bioquímicos cuenten con ingresos genuinos con los que hacer frente al nuevo incremento salarial dado a los empleados de laboratorio y cuya justicia no se discute.
En esta ocasión, y a diferencia de anterior oportunidades en las que los trabajadores de Sanidad obtuvieron mejoras salariales, la Superintendencia de Servicios de Salud no sólo no dispuso que las obras sociales mejoraran las retribuciones de los profesionales para poder pagar el incremento de sueldos, sino que ni siquiera fue capaz de sugerirlo, pese a que en un documento reconoció el "impacto" que esta situación acarrea para los prestadores.
Para completar el desolador cuadro que enmarca el agravamiento de la desfinanciación de los laboratorios bioquímicos, hay que decir que las empresas de medicina prepaga, con la excusa de que el gobierno nacional les impide, solamente a las más importantes en realidad, incrementar el valor de las cuotas que cobran a sus afiliados, tampoco reconocen las mejoras que los bioquímicos necesitaríamos para poder costear el aumento de sueldo de referencia e impedir, como se dijo, el agravamiento del deterioro de los ingresos profesionales.
Así las cosas, se constituyó recientemente la Unión Argentina de Salud (UAS), integrada por la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la República Argentina (ADECRA), la Cámara de Instituciones Médico-asistenciales de la República Argentina (CIMARA) , la Cámara de Entidades de Diagnóstico y Tratamiento Ambulatorio (CEDIM), y la Federación de Cámaras de Empresas de Emergencias Médicas y Medicina Domiciliaria (FEM).
Por sugerencia de ADECRA, la Federación Bioquímica y las otras instituciones representativas de los profesionales de la salud, han comenzado a enviar a todas las empresas de medicina prepaga notas reclamando una mejora de las retribuciones de los efectores del orden del 19 por ciento (9,5% desde septiembre y un porcentaje igual desde diciembre próximo).
Con esas notas de reclamo en su poder, las empresas de medicina prepaga tendrían renovados incrementos para insistir ante el gobierno nacional que de el visto bueno para una suba de las cuotas a los afiliados, pero hasta el momento, en los hechos, en este último sentido no se ha logrado avanzar.

EL IOMA

El Instituto de Obra Médico Asistencial tampoco concedió una mejora adicional de las remuneraciones capitarias para financiar la aplicación de la mejora salarial de los trabajadores del laboratorio.
Hay que recordar que en lo que va del 2009, próximo a finalizar, el Ioma sólo aprobó, a partir de julio, una mejora de la cápita de solamente el cinco por ciento, pero asumiendo el compromiso de ir revisando hasta fin de año el esquema de gastos y costos de laboratorio y disponer eventualmente una mejora adicional, tanto más si se concreta algún aumento de sueldo a los empleados estatales bonaerenses, pero hasta el momento no ha pasado nada.
De todas manera, se debe reconocer que últimamente el Instituto ha mejorado el cronograma de pagos.

LAS OBRAS SOCIALES

Pero mientras esto ocurre, las obras sociales, más allá de la investigación judicial por los medicamentos adulterados, están cada vez más cuestionadas por el manejo de sus fondos.
Durante septiembre, el matutino porteño La Nación le dedicó gran espacio a este tema, titulando de la siguiente manera una de las notas publicadas: "Detectan graves fallas en el control de las obras sociales. La Sigen advierte desde hace cuatro años sobre la falta de supervisión de las prestaciones y los fondos".
En ese artículo se expresó que "la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), el órgano estatal encargado de controlar el desempeño de las casi 300 obras sociales sindicales, tiene numerosas deficiencias de funcionamiento y no hace controles efectivos de las prestaciones que deben dar las organizaciones gremiales".
"Así surge de los tres últimos informes de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) sobre el organismo, que abarcan desde mediados del gobierno de Néstor Kirchner hasta el principio del de su esposa. Durante casi todo ese tiempo dirigió la SSS Héctor Capaccioli, uno de los recaudadores de la campaña presidencial del kirchnerismo de 2007. Las irregularidades, sin embargo, continúan hasta el presente, según dijeron a La Nacion fuentes de la Sigen".
"En aquel período (2005-2007) se habría registrado la mayoría de los casos de adulteración de medicamentos, según la investigación del juez federal Norberto Oyarbide. El expediente complica a varias obras sociales, en especial a la del gremio de los bancarios, intervenida la semana pasada por el Gobierno a pedido de la Justicia. El líder del sindicato, Juan José Zanola, y Capaccioli están imputados en la causa judicial y serán citados a declarar, según anticipó el magistrado".
"Las anomalías detectadas por la Sigen abarcan todas las áreas de la SSS, pero se centran en las gerencias de Control Prestacional y la de Servicios al Beneficiario, las más vinculadas al funcionamiento de las obras sociales sindicales".
"Alcanzan también a la de Control Económico Financiero, la que ocupó el actual titular de la SSS, Ricardo Bellagio. El funcionario había sido desplazado de la gerencia durante la gestión de Graciela Ocaña en el Ministerio de Salud, pero llegó a la cima del organismo después de que ella renunció a su cargo, distanciada del matrimonio Kirchner".
"Ausencia de sanciones a las obras sociales que incumplen las reglas, falta de un control en el interior del país, tareas de campo insuficientes e inexistencia de un registro de los créditos que se otorgan a los diferentes gremios son algunas de las irregularidades detectadas por la Sigen, el órgano encargado de advertir a la Presidencia sobre el funcionamiento de las dependencias a su cargo".
Días después, el mismo diario publicó otra nota cuyo título era el siguiente: "Obras sociales: los gremios no devuelven $ 250 millones. Es dinero que les giró el Estado para tratamientos especiales; más presión judicial sobre Juan Zanola".
Transcribimos seguidamente algunos de los párrafos más salientes de ese segundo artículo:
"Mientras la lupa de los investigadores de la mafia de los medicamentos se posa cada vez más amenazante sobre las cajas de varios sindicatos, los gremios se resisten a explicar o justificar el destino de más de $ 250 millones, aportados por el Estado a sus obras sociales ".
"Se trata de fondos que recibieron durante los últimos años y que debían destinar a la atención de enfermedades de alta complejidad y a la prevención. Si lo cumplieron o no, simplemente, no se sabe, ya que nunca rindieron cuentas por esos recursos o lo hicieron mal. Por eso fueron intimados a devolverlos".
"Una de las obras sociales que más dinero se demora en rendir ($ 17 millones) es la del sindicato de los bancarios, que dirige Juan José Zanola, el mismo sindicalista que está en la mira del juez Norberto Oyarbide en la causa por los remedios falsos".
"La mayor parte del dinero que los gremios no rindieron, más de $ 208 millones, corresponde a fondos distribuidos entre las obras sociales sindicales que habían sido girados durante 2005 y en años anteriores por la Administración de Programas Especiales (APE). Este organismo se nutre de un porcentaje de los aportes de los trabajadores y de las empresas, y financia la atención de enfermedades, como el sida y diferentes discapacidades".
"Otros $ 48 millones corresponden a un plan de prevención de tabaquismo, hipertensión, obesidad, cáncer de mamas y otras enfermedades, que lanzó en diciembre de 2007 la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), entonces dirigida por Héctor Capaccioli".
"Con un presupuesto de $ 938 millones para 2009, la APE está bajo la órbita del Ministerio de Salud y a cargo de Hugo Sola, un incondicional del secretario general de la CGT, Hugo Moyano. Su nutrida caja y los más de $ 3500 millones que acumula de excedentes presupuestarios convirtieron al organismo en campo de batalla entre el líder camionero y la ex ministra de Salud Graciela Ocaña. A partir de la gestión de la ex funcionaria, los gremios sólo reciben reintegros por las prestaciones que pueden comprobar".