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Institucionales

Ciclo de coloquios en la sede de FABA
Políticas de Salud en Argentina fue la temática desarrollada en este ciclo de debates coordinado por el contador y especialista en gestión de salud Carlos Vasallo. Los disertantes invitados se refirieron a la seguridad social, su financiamiento, los marcos regulatorios y el rol del Estado como garante del derecho a la salud


IZQ. Lic. Manuel Álvarez, gerente de la obra social ASE- Medifen - DER.Cr. Carlos Vasallo, especialista en gestión de salud

El viernes 14 de agosto tuvo lugar en el salón de actos de la Federación Bioquímica un encuentro con especialistas del sector organizado por el contador Carlos Vasallo del que participaron los doctores Benjamín Surace, gerente médico de la obra social de gastronómicos (OSUTHGRA), Francisco Leone, ex - asesor de la comisión de salud de la Cámara de Diputados nacional y Manuel Álvarez, licenciado en Administración de empresas y actual gerente de la obra social ASE Medife.
En primer término el licenciado Manuel Álvarez se refirió a la sustentabilidad de un sistema de salud solidario. El especialista consideró que “el problema de la salud está incluido dentro de lo que en economía se llama de necesidades infinitas y recursos escasos. Y este problema no tiene una resolución técnica. Nunca la va a tener, sino se busca una solución ética, política y social”.
La complejidad de la problemática del sector de la medicina prepaga, a la cual no escapa ningún país, consiste en los altos costos de las nuevas tecnologías. “Los costos de la tecnología médica cada vez son mayores”, señaló Álvarez. Y –agregó– la sociedad ha incorporado a la atención de la salud como un bien más de consumo, y hoy la atención de la salud no es la misma en costos que la que imaginaron los que llevaron adelante y consagraron universalmente los derechos absolutos en la constitución.


IZQ. Dr. Francisco Leone, médico diplomado en Salud Pública. DER Dr. Benjamín Surace, gerente médico de la obra social de los gastronómicos.


Para Álvarez, la solución al problema del financiamiento estará resuelto “en la medida que las sociedades adapten sus demandas a sus presupuestos y lo entiendan”. Por el contrario, “mientras se siga pensando en que la medicina tiene que solucionar todos los problemas de salud y el consumismo médico siga creciendo” no se podrá sostener.
Según el especialista, el continuo desarrollo tecnológico, que comenzó hace casi 30 años con la aparición de la tomografía computada, la resonancia magnética, el ultrasonido, y que no se detiene, revoluciona la atención médica pero también trae aparejado un notable incremento de los costos en salud.
“Por ejemplo, la robótica; en el país hay tres equipos para cirugías, pero sólo el costo del material descartable de una operación robótica alcanza a los 10.000 dólares. Entonces es difícil pensar que vamos a poder financiar esos servicios desde nuestro sistema de la seguridad social o de nuestro sistema de prepagos”, puntualizó Álvarez.
Otros rubros que demandan importantes sumas son los derivados de los avances en genómica, tratamientos con anticuerpos monoclonales, trasplantes, así como recursos de la informática, y las comunicaciones.
Según Álvarez, el problema que se plantea es decidir “qué queremos” con la tecnología.
“La ciencia en cuanto a conocimiento es ilimitada pero la técnica tiene que tener límites y aquí hay que decir cuáles son los límites y eso lo tiene que decidir las sociedades”, dijo.
Otro problema que pone en riesgo el financiamiento del sistema de salud es el envejecimiento global. Este fenómeno que se da tanto en América latina como en la Argentina y que obedece al crecimiento de la población mayor de 65 años y a la disminución de la población menor de 5 años.
“Los gastos en salud de los mayores de 65 años triplican los valores de los de los adultos jóvenes”, señaló el especialista.
Por último, Álvarez se dedicó a analizar el tema de los aportes a la seguridad social.
“En las obras sociales hay poca gente mayor de 65 años en cambio en la población hospitalaria hay bastante más. PAMI se financia a partir de los trabajadores activos, las obras sociales también, entonces el trabajador activo cubre su salud, la de su familia, es solidario pero además tiene que atender a los jubilados. Yo no creo que el mecanismo de financiación pueda sostenerse en el salario en un esquema de necesidades infinitas y salarios de poca monta. Este es un tema que hay que debatir”, sostuvo.
Con respecto a las reglamentaciones, Álvarez se quejó: “Acá se pide que se brinde el PMO, la ley de obesidad, y tantas otras cosas y todo tiene que salir de un porcentaje de los salarios”.
Para el especialista, la equidad se podría resolver pero de ninguna forma por el financiamiento a través del salario porque no es suficiente. Habría que buscar complementariedad.
Por su parte, el doctor Benjamín Surace, magíster en Sistemas de Salud y Seguridad Social que también es subdirector del Policlínico Central de la UOM, aclaró que según los datos extraídos de la AFIP el monto anual que maneja la Superintendencia de Salud alcanza los 13 mil millones de pesos para un número de casi 6 millones de cotizantes. Asimismo, lamentó la aplicación de cargas fiscales regresivas como por ejemplo el impuesto al cheque que se aplica a todo movimiento de fondos dentro del sistema de salud.
Además, cuestionó la sustentabilidad del PMO que obliga a las obras sociales a cubrir gastos generados por Sida y por tratamientos contra las drogadicciones, atender las discapacidades, el programa de salud sexual y procreación responsable y la cirugía para la obesidad, entre otros y que “se incorporó sin sustento presupuestario”. El especialista señaló la incidencia de “la presión de la demanda de tecnologías prácticas y medicamentos que no están en el marco regulatorio” y “la falta de controles por parte de la Superintendencia de Servicios de Salud”.
A su turno, el doctor Francisco Leone, médico diplomado en Salud Pública, contó su experiencia como asesor del proyecto de ley para la regulación de la medicina prepaga que hoy está siendo analizado por la Cámara de Senadores nacional.
“Armamos una propuesta porque no había ninguna pauta normativa que regulara la medicina prepaga cuando la población bajo esa cobertura es alrededor del 7% de la población del país, un volumen importante de gente”, señaló el especialista.
Y –agregó– cuando nos planteamos cómo hacer para proteger al consumidor en su derecho desde la norma, vimos que algo estaba pasando con el Estado y con el sistema sanitario y era la falta de institucionalidad en salud.
Como ejemplo señaló la existencia de un conjunto de leyes en la Argentina, entre ellas el Seguro nacional de Salud, la ley 23.661, a la que no han adherido las provincias.


De izq. a der. Dres. Benjamín Surace, Alberto Torres y Gilberto Landi

“También consideramos que si bien hay sectores que tienen problemas de costos, ingresos y rindes también hay sectores de la sociedad que no tienen ningún tipo de cobertura salvo la cobertura pública, estamos hablando del 50% de la población”.
El gran interrogante que planteó el especialista fue: “¿Puede el Estado nacional ser garante de la salud? Debe serlo”, dijo.
Para Leone, plantear la salud como un derecho fundamental requiere no sólo de normas sino de un rol activo del Estado en las regulaciones. “Por más que se generen normas legales si no tenemos institucionalidad tampoco vamos a tener posibilidad de ningún marco regulatorio”.
En otro orden de cosas comentó que muchas veces los jueces apelan a ciertos pactos internacionales para dictar amparos y aprueban un conjunto de prestaciones porque no existe un marco regulatorio apropiado.
“El Estado tiene muy poca capacidad de gestión propia, y se encuentra ausente legal en la organización federal de la salud pública”, dijo. Y –concluyó– debemos empezar a discutir un modelo prestador con énfasis en el PMO.

 

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