Se
uniformó la cápita del Pami
en toda la Provincia
A raíz de las fuertes críticas
formuladas por la Federación Bioquímica,
el Instituto mejoró algo los valores capitarios que todavía
siguen siendo insuficientes. Siguen los atrasos en los pagos de
las tasas de incentivos.
En el marco de los ocho convenios que en el territorio de la provincia
de Buenos Aires tienen FABA y los distritos con el Instituto Nacional
de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, el Pami dio
marcha atrás con la decisión de otorgar a los bioquímicos
una mejora arancelaria mínima y, al uniformar los valores
capitarios para los niveles de atención Primero y Tercero
en cada Unidad de Gestión Local, llevó ese índice
a un promedio que se ubica entre el 7 y el 11 por ciento.
Las autoridades de la Federación Bioquímica, no obstante,
consideran que ese incremento es insuficiente y se sigue aspirando
a conseguir una mejora del 25 por ciento, tal como en términos
generales lo dispuso el Instituto en su Resolución 120 del
año pasado que llevó el valor integral de la cápita
de 32 a 40 pesos.
Cabe recordar que el Vicedirector Ejecutivo del Pami, Luciano Di
Césare, había reunido a la totalidad de los responsables
de las UGLs de la provincia de Buenos Aires para señalarles
que la mejora para el sector bioquímico sería mínima,
pero el posterior y airado reclamo de FABA provocó que se
diera marcha atrás con esa resolución, aunque se insiste
en lo insuficiente del incremento.
También la Federación Bioquímica viene reclamando
al Pami por la continuidad de los atrasos en los pagos de las tasas
de incentivos, ya que en muchos lugares se están debiendo
las correspondientes a agosto último.
Por otra parte, la conducción de FABA persiste en reclamar
al Pami celebrar contratos directos con la Unidad de Gestión
Local de Morón y también con la de Lanús.
En este sentido se debe señalar que si bien se ha registrado
algún progreso en las negociaciones que se realizan en ambos
casos, se considera que todavía el acuerdo que la Federación
Bioquímica busca está lejos, pese a lo cual, se continuará
con las tratativas.
DENUNCIA
En otro orden, la Justicia allanó cuatro empresas proveedoras
de insumos médicos utilizados en cardiología como
consecuencia de una denuncia presentada por el Pami por supuesto
acuerdo de precios entre proveedores, según informaron fuentes
judiciales y de la obra social.
Los allanamientos fueron ordenados por el Juzgado Nacional en lo
Penal Económico N° 2 de Capital Federal a raíz
de un pedido formulado por la Comisión Nacional de Defensa
de la Competencia (CNDC), presidida por José Alberto Sbatella.
La presentación en esa comisión fue hecha en enero
último por la titular del Pami, Graciela Ocaña, debido
de la apertura de la Licitación Pública N° 67/2006
por la cual las cuatro empresas allanadas habían presentado
deficiencias en sus ofertas.
Esta situación podría dar lugar a la figura de acuerdo
de precios para proveer determinadas prótesis cardiológicas
que el Instituto utiliza para sus afiliados.
A partir de esta presentación, la Comisión Nacional
de Defensa de la Competencia solicitó a la Justicia que allanara
a las empresas involucradas por entender que podrían haber
incurrido en competencia desleal.
OBRAS SOCIALES CON MAYORES FONDOS
El Superintendente de Servicios de Salud, Héctor Capaccioli,
destacó el crecimiento financiero de las obras sociales “gracias
al mercado laboral en blanco”, como "producto de las
políticas activas" implementadas por el gobierno de
Néstor Kirchner.
"Las obras sociales están teniendo un proceso de financiamiento
y de mejor recaudación", en un crecimiento que es "producto
de las políticas activas implementadas por el presidente
Kirchner, que incluyó más de 1.300.000 argentinos
al mercado laboral en blanco", sostuvo el funcionario.
Capaccioli señaló que esta situación "incide
positivamente en las obras sociales que ven incrementada su población
beneficiaria e incrementando sus ingresos", y destacó
que los sistemas de Salud y de Obras Sociales nacionales "tienen
un presupuesto anual de casi doce mil millones de pesos".
Ese monto "se distribuye en servicios médicos asistenciales
destinado "a más de 15 millones de argentinos, divididos
en 300 obras sociales sindicales", explicó el Superintendente
de Servicios de Salud.
En el marco de la política preventiva de Salud y las obras
sociales, anticipó que "estamos pensando en exigirles
de a poco a las obras sociales, dentro del plan médico obligatorio,
que inviertan un 5 ó 7 por ciento de sus recursos para políticas
de prevención y que cumplan con el programa médico
asistencial".
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