IOMA: se sigue con atención una posible reapertura de paritarias
De volverse a incrementar los sueldos docentes y de la administración pública, FABA pedirá una nueva mejora por inflación
Agosto ha comenzado con un endurecimiento del reclamo docente por una reapertura de las negociaciones paritarias con el gobierno provincial, y medidas similares están siendo estudiadas por los distintos gremios de los trabajadores de la administración pública bonaerense.
Tanto docentes como trabajadores públicos reclaman mayores aumentos salariales habida cuenta de la prosecución de la escalada inflacionaria que corroe el poder adquisitivo de sus salarios, lo mismo que las retribuciones profesionales de los efectores del sistema sanitario.
Particularmente en el caso de los bioquímicos debe señalarse que la mejora dispuesta por IOMA en abril ya ha sido superada por el incremento de los costos de algunos de los más importantes insumos de uso frecuente en los laboratorios de análisis clínicos.
Pero además de ello, hay que indicarse que el IOMA siempre ha remitido los valores capitarios a su nivel de ingresos, guarismo que depende de los sueldos de los trabajadores públicos de la provincia de Buenos Aires, incluidos los docentes, de modo tal que si los salarios mejoran, aumentan los ingresos del Instituto.
Lo mismo ocurre con una gran parte de las obras sociales ya que, salvo algunas, se han manejado con valores que han terminado siendo absorbidos por la inflación, no descartándose volver a discutir aranceles.
Prapagas médicas
En el marco de este estado de situación, las relaciones contractuales con las empresas de medicina prepaga siguen transitando por carriles de gran tensión, ya que persiste la intransigente posición de este sector en remitirse a mejorar los aranceles profesionales solamente cuando el gobierno les autorice incrementar el valor de las cuotas que cobran a sus afiliados.
Como se sabe, las prepagas fueron autorizadas a aplicar un aumento de las cuotas del nueve por ciento a partir de junio último, pero las negociaciones con la Federación Bioquímica fueron, en la mayoría de los casos, prolongadas y poco satisfactorias.
Ante el hecho de adelantarse en un mes las paritarias con el gremio de Sanidad, obligó a que FABA saliera a volver a tratar de negociar otra mejora con las prepagas que mostraron total indiferencia y obstinación, esgrimiendo imposibilidades financieras que solamente se verían superadas toda vez que puedan incrementar sus ingresos.
Coincidentes versiones indican que recién a partir de agosto el gobierno nacional autorizaría un incremento a las empresas de medicina prepaga, de modo que en ese momento se volverá a llevar a cabo una ronda de negociaciones con una firme posición por parte de la Federación Bioquímica, ya que la atención de los afiliados de estas empresas también son atendidas por el mismo personal cuyas mejoras salariales hay que abonar.
Fallos judiciales y desfinanciación
Desde hace mucho tiempo se viene señalando en estas páginas que, casi por goteo, el sistema de salud solidario se va desfinanciando, más allá de la indiferencia gubernamental que no aporta fondos, debido a fallos judiciales que introducen prestaciones que van mucho más allá de lo que realmente está contemplado en la financiación prevista para el Programa Médico Obligatorio (PMO).
Lejos de ponerse coto a esta situación, todos los meses a lo largo y ancho del país se conocen decisiones judiciales que obran en ese sentido.
Por ejemplo, recientemente, la Sala Cuarta de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Buenos Aires confirmó una multa de más de 90.000 pesos a la Obra Social de Choferes de Camiones por negarse a afiliar a una trabajadora monotributista.
Cabe recordar que tanto la obra social de los monotributistas como la de las empleadas domésticas, no alcanzan a cubrir el costo del PMO, por lo que sus afiliados optan por cambiarse de obra social, muchas de las cuales han interpuesto recursos judiciales que pongan solución efectiva al problema, aportando fondos extras, lo que jamás ocurre.
Los camaristas Jorge Morán y Marcelo Duffy ratificaron la multa que la Superintendencia de Servicios de Salud aplicó a la Obra Social por rehusarse a afiliar a Marta Liliana Salles.
La mujer había pedido su inscripción el 6 de junio de 2012 en su "calidad de beneficiaria monotributista y de su grupo familiar" pero la obra social dijo atravesar "una endeble situación económica" que no le permitía nuevas afiliaciones.
Sin embargo, los jueces replicaron que la obra social "omitió acompañar a la causa documentos que respalden sus dichos o constancias que acrediten el inicio del procedimiento de crisis".
Un caso paradigmático de la situación difícil a la que son llevadas muchas obras sociales por fallos judiciales adoptados sin previsión alguna acaba de ocurrir en la provincia de Salta.
Efectivamente, un juez salteño ordenó al Instituto Provincial de la Salud de Salta otorgar la cobertura total de los tratamientos de fonoaudiología, psicopedagogía, equinoterapia y educación integradora para un niño con Trastorno Generalizado de Desarrollo.
Fuentes del Poder Judicial de Salta informaron que se trata del juez de la Sala Tercera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Marcelo Domínguez, quien dio lugar a un amparo presentado por los padres del niño.
Además, solicitaron el reintegro de lo abonado por este concepto, respecto de lo cual Domínguez ordenó a la obra social provincial el reintegro de las sumas abonadas desde 2013 en adelante, con el descuento de lo que hubiera sido reconocido.
El tratamiento de equinoterapia deberá realizarse dos veces por semana, de acuerdo con lo solicitado por los padres en su amparo.
El juez puntualizó que en el ejercicio de las prestaciones médico-asistenciales, “las obras sociales integran el Sistema Nacional del Seguro de Salud en calidad de agentes naturales del mismo y están sujetas a las disposiciones y normativas que lo regulen".
Por ello, el magistrado consideró que deben "adecuarse a las directivas básicas de dicho seguro, que tienen como objetivo fundamental proveer al otorgamiento de prestaciones de salud igualitarias, integrales y humanizadas, tendientes a la promoción, protección, recuperación y rehabilitación de la salud".
Todo esto para "que respondan al mejor nivel de calidad disponible y garanticen a los beneficiarios la obtención del mismo tipo y nivel de prestaciones, eliminando toda forma de discriminación en base a un criterio de justicia distributiva”, señaló Domínguez.
Asimismo, destacó la razón del tratamiento de equinoterapia donde “es el animal el principal protagonista que ofrece los estímulos neurológicos y psicológicos hacia los jinetes que lo montan y que hay un beneficio terapéutico del animal hacia el jinete significativo".
Por su parte, la Justicia ordenó la Obra Social de Buenos Aires (ObSBA) dar cobertura a una docente jubilada y a su esposo, que sufre una grave enfermedad, pese a no contar con 15 años de aportes que exige su reglamento, ya que existen otras normativas "que garantizan a las personas mayores la igualdad de oportunidades".
El amparo fue dictado por el juez Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, Guillermo Scheibler, y favoreció a una docente que había trabajado en la administración pública porteña hasta marzo del 2013, informaron fuentes judiciales.
Cuando la mujer, que contaba con la cobertura de OSBA desde el 2006, cesó como trabajadora activa e inicio los trámites para jubilarse, su esposo fue diagnosticado con un adenocarcinoma de próstata con metástasis ósea.
Simultáneamente, la ObSBA le informó a la docente el cese de su afiliación y la de su grupo familiar por aplicación de la disposición 3, del 21 de enero de 2014, que modifica la cantidad de aportes y lo fija en 15 años para ser admitido por la obra social.
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