Institucionales

Nueva ronda de negociaciones con todas las prepagas médicas
El anticipo de los aumentos salariales de Sanidad abre la necesidad de una financiación genuina

Cuando todavía se sostienen negociaciones con algunas empresas de medicina prepaga, significativamente importantes con respecto al número de afiliados, a raíz del último aumento que el gobierno nacional le concedió al sector para aumentar las cuotas de sus asociados, la discusión de un nuevo incremento para los prestadores ya se elevó por sobre el horizonte sanitario nacional.
Primero hay que decir que en mayo, la Superintendencia de Servicios de Salud y la Secretaría de Comercio Interior habían autorizado a las empresas de medicina prepaga a aumentar el valor de las cuotas en un nueve por ciento a partir de junio.
A raíz de eso y cuando apenas se terminaba una negociación anterior, se inició la de junio y cuando en algunos casos ésta no ha concluido, esperándose respuestas a los reclamos de la Federación Bioquímica, se abre una nueva instancia auspiciada por el adelantamiento de la aplicación, negociada en paritarias, de los incrementos salariales para los trabajadores de los laboratorios.
Así las cosas, el panorama se presenta complejo y del mismo tenor seguramente han de ser las negociaciones.
Y es que en realidad, la causa primaria de esa situación remite inexorablemente a la posición que históricamente y a favor de una tolerancia gubernamental total, han mantenido las empresas del sector en materia arancelaria de los efectores del sistema.
Los reiterados atrasos, fundamentados siempre a partir de premisas falsas y sin que medie la intervención del Estado tantas veces reclamada al menos por la Federación Bioquímica de la Provincia de Buenos Aires, han llevado a que las prepagas médicas usen como variante de ajuste para su desmedido lucro, precisamente el valor de los aranceles profesionales.
Como nadie ignora, los gastos de todo laboratorio de análisis clínicos tienen dos componentes básicos, más allá de los servicios y las cargas impositivas, y que son el costo de los insumos y los sueldos de los empleados.
Al incrementarse la última variable a partir de julio, torna inevitable que se busque una financiación genuina con la que hacer frente a la mejora salarial cuya justicia jamás se ha discutido.
Por eso es que las prepagas son las primeras con las que se va a conversar un incremento de valores pero también se hará lo propio con varias obras sociales que este año no han brindado las mejoras retributivas que eran de esperar.
Las negociaciones iniciadas en junio están en algunos casos pendientes de resolución, lo que seguramente se producirá a principios de julio, pero de inmediato recomenzará la rueda de tratativas.

IOMA

Con respecto al vínculo contractual entre el Instituto de Obra Médico Asistencial y la Federación Bioquímica, hay que destacar que durante el mes de junio se recuperó el pago de otra media cápita, además del pago mensual correspondiente.
Esto debe sumarse a otra media cápita de atrasa recuperada entre abril y mayo, con lo cual, en los últimos meses se recuperó una cápita completa, a partir de lo cual el atraso del IOMA ha dejado de ser significativo.
A fines de junio se había abonado la cápita correspondientes a las prestaciones que se brindaron en marzo.

Fallos judiciales

Mientras tanto, distintos fallos judiciales complican la financiación del sistema sanitario de solidaridad social. No se discute en nada el derecho de los reclamos que van a la justicia, pero por eso no hay que omitir señalar que terminan siendo perjudiciales para la financiación de las obras sociales tal como estaba previsto desde hace tiempo, a raíz de lo cual y tal como se viene insistiendo desde FABAInforma desde hace años, es necesario volver a discutir un Programa Médico Obligatorio (PMO) y volver a analizar cuantitativamente los aportes que la salud necesita, de cara a nuevas técnicas y prácticas médicas y de una realidad social que se ha ido modificando.
En ese contexto, debe señalarse el caso dado a conocer por el matutino platense El Día, en el que la Justicia hizo lugar a la acción de amparo iniciada por un matrimonio de mujeres para que el IOMA les cubra un tratamiento de fertilización asistida que les fue denegado en su momento por la obra social de la Provincia, argumentando que su caso “no se encuadraba en la ley provincial”.
El fallo fue dictado por los jueces integrantes del Tribunal en lo Criminal Número 4, Germán Alegre, Juan Carlos Bruni y Emir Caputo Tártara, y ordena que el IOMA “otorgue, por donde corresponda, la cobertura de fertilización en vitro de alta complejidad con donación ovocitaria (ovodonación) y espermatozoides que requiere la patología de infertilidad que padecen las actoras en su integralidad y mientras se mantenga la prescripción de atención médica que ha sido indicada, o la que se prescriba”.
También determina que se ofrezca a las mujeres “a los fines de su elección, lista de nosocomios que estén autorizados, para el adecuado asesoramiento, pertinentes tratamientos previos, acceso según su caso a los bancos de donación de ovocitos y esperma y fertilización propiamente dicha en todas sus etapas; o toda otra demanda necesaria a los fines aquí resueltos, todo lo cual operará de inmediato”.
El fallo también establece tomar recaudos para almacenar ocultos todos los datos de los donantes anónimos que sólo se revelarán en el futuro y de ser requerido por el niño/a.
El recurso de amparo fue presentado, como diera cuenta oportunamente ese diario, por Verónica Novoa (39) y Susana Bottinnelli (51), un matrimonio de mujeres residentes en Punta Lara que iniciaron una batalla legal a partir de que el IOMA les negó la cobertura del tratamiento, por considerar que habían sido víctimas de una situación de discriminación.
En los fundamentos de su voto, el juez Caputo Tártara indicó que “clara e inequívocamente se observa(...) la protección total que hace el sistema todo de los Derechos Humanos, hacia la discriminación de la orientación sexual(...) la legislación provincial en cuya base se apoya el IOMA para denegar el beneficio peticionado es abiertamente discriminatoria, toda vez que imposibilita desde toda óptica a las amparistas , a gozar del beneficio de la fecundación in vitro” para así aspirar al logro del objetivo de procrear en el seno del matrimonio igualitario”

La financiación

La Confederación de Asociaciones de Diálisis de la República Argentina (Cadra) se declaró en emergencia y advirtió que está en riesgo el tratamiento de más de 15 mil pacientes, a raíz del aumento de precios en insumos y maquinaria para brindar esa prestación, en lo que constituye un ejemplo más de desfinanciación de la salud.
El presidente de esa organización que nuclea a los centros de diálisis del sector privado del interior del país, Claudio Alonso, reclamó "ayuda" a las autoridades sanitarias nacionales y exigió un "mayor control" en los precios de los insumos.
"Estamos frente a una situación límite, lo venimos dialogando con las autoridades pero no hay respuesta y esto es algo que llegó a una situación crítica porque se está poniendo en riesgo el tratamiento de miles de pacientes", aseveró.
Cadra aseguró que asiste a entre 15 mil y 16 mil pacientes de los 28 mil enfermos renales que requieren tratamiento de diálisis en el país.
Alonso informó que las asociaciones de diálisis se encuentra en estado de emergencia e insistió en advertir que los pacientes que atienden pueden quedarse sin tratamiento.
"La devaluación ha generado un aumento de precios en máquinas e insumos del 60 por ciento", dijo, y agregó que el sector "no está en condiciones de afrontar aumentos salariales".
Alonso destacó que el incremento en el combustible en el último período también afectó al sector, porque "dentro de la prestación de diálisis está incluido el traslado de los pacientes".
"Pretendemos ser escuchados, que nos den una solución las autoridades nacionales. Nos han atendido pero no funcionarios con poder de decisión", cuestionó.
El presidente de Cadra pidió al ministerio de Salud que incremente los "controles de precios de los insumos estratégicos" y precisó: "Tiene que ver lo que valen, si son reales".
"Para seguir necesitamos que el Estado y las obras sociales nos ayuden, que nos reciban las autoridades y que trabajemos juntos", pidió Alonso, luego de que la organización advirtiera en un comunicado que si se mantiene la situación los pacientes pueden quedar "sin la atención médica necesaria".En el texto, denunciaron que "hace años que los ministerios de Salud de nacional y provinciales, y Pami no actualizan los aranceles según la inflación y el incremento del costo de vida" y manifestaron la dificultad del sector para "costear" el servicio.