Se tensan las negociaciones
con prepagas y obras sociales
Las empresas privadas aumentan las cuotas a sus afiliados pero no trasladan esos ingresos a los prestadores. Las mutuales sindicales tienen posiciones disímiles
El incremento salarial conseguido por los trabajadores de la Sanidad, en una negociación paritaria en la que la Federación Bioquímica no puede participar por decisión del Ministerio de Trabajo de la Nación, es como se sabe del 32 por ciento. A eso hay que sumarle un incremento de los gastos de laboratorio del orden del treinta por ciento en lo que va del año.
Pero ante esta durísima realidad, el PAMI sólo dio una mejora del 21,8 por ciento (ver Página 3), al tiempo que las empresas de medicina prepaga y las obras sociales sindicales, plantean incrementos que resultan paupérrimos.
En el caso de la medicina prepaga la situación es sumamente grave, ya que prácticamente viven aumentando las cuotas a sus afiliados sin reconocer incrementos proporcionales para los prestadores.
El reciente aumento de las prepagas médicas fue del quince por ciento y en el mejor de los casos, una de ellas ofreció a los bioquímicos una mejora arancelaria del diez por ciento y el resto de las firmas porcentajes inferiores.
La situación si bien no es nueva, ya está causando importante resquebrajamientos en las estructuras funcionales de muchos laboratorios de análisis clínicos.
Hay que subrayar, para graficar esta última aseveración, que hay empresas prepagas que mientras durante los últimos cinco años llegaron a incrementar el valor de las cuotas que cobran a sus afiliados en un doscientos por ciento, a los bioquímicos ni siquiera han alcanzado a mejorar la retribución profesional en la mitad de aquel guarismo (98%).
También es difícil la situación que se está planteando con algunas obras sociales sindicales. Pero en este aspecto hay que decir que las posiciones de las distintas mutuales son disímiles.
En efecto, hay alrededor de un 25 por ciento de obras sociales con las que la Federación Bioquímica ha llegado a acuerdos satisfactorios por mejoras arancelarias.
Con aproximadamente el 40 por ciento de las mutuales sindicales las posiciones todavía no han sido acordadas y aunque las tratativas se presenten con distintos grados de dificultad, se sigue negociando.
Por último, el 35 por ciento de las obras sociales restantes se ha negado a iniciar tratativas con FABA para buscar acuerdos sobre mejoras arancelarias. Lamentablemente, es muy probable que en forma pronta se tomen decisiones en el sentido de instrumentar mecanismos por los cuales las mejoras que niegan las mutuales se trasladen en forma directa al bolsillo de sus afiliados.
Mientras tanto, el gobierno nacional, mediante la Superintendencia de Servicios de Salud, y a diferencia de otras oportunidades, ni siquiera ha emitido una recomendación a obras sociales sindicales y empresas de medicina prepaga en el sentido de ajustar las retribuciones profesionales para acompañar la financiación de la mejora de los empleados del sector sanitario.
Cambios en el PMO
Por otra parte, el gobierno hará cambios al Programa Médico Obligatorio (PMO) con el objetivo de cubrir las nuevas necesidades de la población en materia sanitaria, y dispondrá una actualización semestral de esa normativa que fija las prestaciones básicas esenciales que deben garantizar Obras Sociales y empresas de medicina prepaga a los pacientes.
Así lo anunció en Mendoza durante un congreso sanitario realizado en septiembre en esa ciudad, el superintendente de Servicios de Salud, Ricardo Bellagio, quien también anticipó una iniciativa para crear "mediadores" en la órbita de la salud con el fin de dar rápida solución a los constantes amparos y demandas que afectan a la actividad.
Al hablar ante prestadores y profesionales de la salud, el superintendente dijo que se busca depurar rápidamente la gran cantidad de amparos judiciales, denunciados por los prestadores como parte de una "industria del juicio" que ya acumula demandas por unos 5.000 millones de pesos.
Bellagio anunció que se enviará al Congreso de la Nación un proyecto de ley que establezca la obligatoriedad de la mediación ante la gran cantidad de casos de amparos que llegan a la Justicia por temas relacionados con la atención médica.
Si la norma se aprueba, se dispondrá ante un caso de amparo un sistema de "conciliación obligatoria" entre las partes.
El funcionario afirmó que "en la actualidad se presentan un centenar de amparos mensuales sólo contra el PAMI", por lo que los cambios propuestos por la Superintendencia de Salud buscarán canalizar en forma más rápida soluciones para los beneficiarios de las obras sociales y de las empresas de medicina prepaga.
A la vez también anunció que desde el Ministerio de Salud se impulsa una regionalización de las Obras sociales que permita mejor asistencia y facilite el financiamiento de los prestadores.
Por su parte, el ex superintendente de Servicios de Salud y consultor de la Organización Mundial de la Salud (OMS) Rubén Torres recordó que el PMO no registra modificaciones desde el 2002, lo cual le impide atender los cambios que atraviesa el sistema por el crecimiento tecnológico, y tampoco le permite atenuar el crecimiento de los amparos por parte de pacientes que reclaman coberturas cada vez más costosas".
Torres advirtió sobre la falta de "equidad" en el PMO, donde hay un sector de la pirámide -el más alto y de mayores ingresos-, que recibe esta cobertura (6.000.000 personas), y acceden con facilidad y rapidez a cualquier necesidad.
La parte inferior de ese estamento (15 millones de personas), por la misma necesidad (ejemplo una silla de ruedas mecánica), puede llegar a esperar de "seis meses a un año y recibir seguramente una de menor calidad".
Población sin cobertura de salud
El 43 por ciento de la población carece de obra social o prepaga, y debe atenderse en los hospitales públicos, mientras que el 65 por ciento de la tecnología médica disponible en el país se concentra en un radio de 60 kilómetros del centro porteño.
Esto refleja la desigualdad del sistema sanitario argentino, a pesar de que se gastan 25.000 millones de dólares anuales.
Los datos fueron presentados en el cierre del mismo congreso realizado en Mendoza.
Hugo Magonza, dirigente de ACAMI, dijo que "ese 43 por ciento de la población sin obra social o prepaga tiene cobertura formal limitada en hospitales públicos", pero, por ejemplo, no puede contar con descuentos en medicamentos.
El informe reveló también que la distribución de los recursos tecnológicos en la Argentina muestra una gran desigualdad, porque el 65 por ciento de los laboratorios de análisis, y la aparatología de diagnóstico, como medicina nuclear, tomógrafos, resonadores y ecógrafos se encuentran en el radio de 60 kilómetros que rodea al Congreso.
Advirtió Magonza que pese a gastarse este año 100.000 millones de pesos, un 25 por ciento más que en el 2009.
"Los recursos no se distribuyen con equidad entre la población", y mientras las zonas metropolitanas concentran la mayor cantidad de médicos, los principales centros de atención y la última tecnología, en el interior estos servicios están muchos más menguados y dispersos", indicó.
Sostuvo que, "como promedio, cada persona aporta un equivalente de 250 pesos por mes, y una familia tipo destina a la salud alrededor de 1.000 pesos mensuales", y advirtió que buena parte de los fondos la gente los pone de su propio bolsillo, para pagar consultas médicas que se realizan en forma privada y en especial para la compra de medicamentos.
Además, especialistas y analistas en políticas de salud recomendaron "trazar el mapa sanitario de la Argentina", en favor de una mejora del sistema.
Así se desprendió de la disertación sobre "La Reforma del sector salud en Estados Unidos. Un primer análisis de lo que se hizo y lo que falta hacer" organizada por la Acción Social de Empresarios (ASE) y llevada a cabo por George B. Moseley, consultor de la reforma del sistema de salud de Estados Unidos, y el Doctor Federico Tobar, Consultor Internacional en Política de salud.
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