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Institucionales

Compromiso del PAMI para ajustar los valores a la UB
La medida se adoptaría, segun aseguraron, a partir de marzo del corriente año

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados dio una respuesta negativa al sector bioquímico para la implementación de un actualización arancelaria para la coyuntura signada por el incrementos de los precios de los insumos de los laboratorios de análisis clínicos.
Pero ante un pedido de la Federación Bioquímica de la Provincia de Buenos Aires, las autoridades del PAMI se comprometieron a ajustar los aranceles al valor teórico de la Unidad Bioquímica, medida que, según aseguraron, se haría efectiva a partir de marzo.
La conducción del PAMI quedó en responder un pedido de FABA para negociar un aumento capitario ante el caso que las paritarias se anticipen al mes de agosto con el gremio de la Sanidad.
Otro de los reclamos llevados por la Federación Bioquímica al encuentro sostenido en febrero con las autoridades del PAMI fue el de incrementar el pago del concepto “anticipo” y reducir el de “ajuste”.
Como se sabe, el nuevo sistema prestacional del PAMI, denominado pago por prestación con cartera asignada, lo que antes se denominaba concepto “cápita” ahora se llama “anticipo”, mientras que el de “tasa de incentivo” pasó a identificarse como “ajuste”.
FABA puso de relieve en el encuentro que en algunas Unidades de Gestión Local se paga incluso más por ajuste que por anticipo, lo que termina distorsionando el ingreso profesional genuino.

En la Superintendencia

En un febrero sumamente activo desde el punto de vista del accionar gremial, las autoridades de la Federación Bioquímica mantuvieron un importante encuentro con el gerente de Gestión de Planificación de la Superintendencia de Servicios de Salud, Alejandro Aimar, a quien se le solicitó la intervención de ese organismo por el incremento desmedido de los insumos de laboratorio, al igual que lo hizo la Secretaría de Comercio Interior en el tema de los precios de los medicamentos.
Concretamente se pidió que la Superintendencia junto a la Secretaría de Comercio discutan con las empresas de insumos bioquímicos para retrotraer los valores de sus productos a los vigentes antes de la devaluación.
Por otra parte, y como las empresas de medicina prepaga deben pedir autorización a la Superintendencia y a la Secretaría de Comercio para poder incrementar el valor de las cuotas que cobran a sus afiliados (el próximo aumento sería de 5,5 por ciento desde marzo), se le indicó a Aimar que estas compañías argumentan como causales de sus pedidos la necesidad de actualizar los valores arancelarios que abonan a sus efectores, cuando en la realidad jamás trasladan el total del porcentaje del incremento de la cuota a los prestadores.
Aimar pidió que se le cursara en breve información detallada al respecto.

Con obras sociales

Como se había señalado en la edición de enero de FABA Informa, la Federación Bioquímica cursó a comienzos de año notas a la totalidad de las obras con las que se mantienen vínculos contractuales, con el objeto de negociar un incremento de urgencia debido a la escalada de los precios de los insumos.
Algunas obras sociales respondieron afirmativamente pero no en la manera de lo esperado, no obstante lo cual proseguirán las negociaciones.


Desigualdad

En otro orden, los desequilibrios en las políticas sanitarias y un sistema de gobernanza mundial que antepone la riqueza a la salud están teniendo un efecto desastroso sobre la salud humana, según una comisión de expertos que pide reformas urgentes en la agenda del desarrollo de la ONU post-2015.
El informe, publicado en The Lancet, fue elaborado por la llamada Comisión sobre la Gobernanza para la Salud de la Universidad de Oslo (Noruega), compuesta por 18 expertos de distintos ámbitos, como las finanzas o la sanidad, que durante dos años analizaron el impacto del sistema global de toma de decisiones sobre la salud humana.
"Las desigualdades en materia de salud son moralmente inaceptables y se ven intensificadas por el actual sistema mundial de gobernanza que antepone la creación de riqueza a la salud humana", afirma el noruego Ole Petter Ottersen, presidente de la Comisión, según la cual los mecanismos actuales están demasiado fragmentados y no garantizan la sanidad a la mayoría de la población.
Las conclusiones del estudio se añaden al creciente descontento popular con un sistema económico global injusto que favorece a una pequeña elite adinerada a costa de una degradación medioambiental y social que afecta negativamente a la igualdad en materia de salud, señala The Lancet.
Esta igualdad debe ser el objetivo de todos los sectores políticos, económicos y sociales ya que la biomedicina por sí sola, con sus grandes avances en vacunas, medicinas y diagnósticos, no puede atajar la raíz del problema, según la comisión.
Los expertos han identificado siete áreas en las que las injusticias económicas y políticas afectan a la salud de la población, tales como la austeridad derivada de la crisis, la propiedad intelectual, los acuerdos de inversión, la seguridad alimentaria, las corporaciones trasnacionales, la emigración y la violencia armada.
Como ejemplo, afirman que la producción alimentaria mundial cubre el 120 % de las necesidades globales, pero el reparto es desigual porque la seguridad alimentaria es una elección política y los intereses económicos dan prioridad a la riqueza sobre la salud.
Esta desigualdad no sólo afecta a millones de personas que sufren escasez sino también al cada vez mayor número de personas que tienen una mala salud o mueren prematuramente debido a la obesidad.
En momentos en los que la comunidad internacional negocia la agenda de desarrollo posterior a 2015, la comisión pide una reforma del sistema global de gobernanza en materia de salud.
Entre sus propuestas está la creación de un grupo que incluya a todas las partes interesadas y en el que se debata y se pidan cuentas en este ámbito.
Igualmente, la formación de un grupo independiente de científicos que analice los progresos en la lucha contra los factores políticos, económicos y sociales perjudiciales para la salud.
También propone la necesidad de informes que midan el impacto de estas prácticas, y el refuerzo de mecanismos existentes como los de defensa de los derechos humanos y los que prevén sanciones, para proteger la salud y alcanzar un compromiso de solidaridad global.

 

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