Pese a la polémica con prepagas, la Salud no aparece en la
agenda oficial
A raíz de la intención de que
esas empresas de medicina privada incrementen la cuota a sus clientes,
el gobierno nacional apareció en escena pero sólo
para contener la inflación y, en proporción al universo
de beneficiarios de ese sistema, en un tema sanitario menor.
La intención del gobierno nacional
es que los índices inflacionarios
no se disparen y por eso, tal como ocurrió en junio último,
salió al cruce
de las empresas de medicina prepaga que intenta subir las cuotas
a sus clientes a partir del año próximo. Si se considera
que mediante esas compañías solamente menos del diez
por ciento de la población argentina recibe cuidados de la
salud, se comprenderá rápidamente que por más
pirotecnia que se disparen las partes, el tema en el contexto sanitario
del país no deja de ser menor.
También y por la misma causa, se ve que el gobierno nacional
sigue ausente de la gravísima problemática sanitaria
del país y prosigue sin inmiscuirse pese a que lo hace en
diversos temas de importancia como el educacional. Concretamente
no se vislumbra que la Salud de la población sea
considerada como una política de Estado con todas las duras
implicancias que tal contingencia trae consigo.
Desde el Poder Ejecutivo Nacional se persiste en la actitud de no
inyectar fondos extras que financien el tambaleante sistema sanitario
tal como
se hace con otros renglones de la actividad económica y social,
y por lo tanto, deja librada la problemática sanitaria a
un caos que deprime el modelo
y en el que se debaten caóticamente obras sociales sindicales
cobijadas
por el propio gobierno desde la Superintendencia de Servicios de
Salud,
los prestadores, el Pami y las obras sociales provinciales.
Y es, precisamente, en este último contexto en el que las
empresas de medicina prepaga intentar subir sus cuotas aduciendo
que deben hacer
frente a abultados aumentos arancelarios concedidos a los prestadores,
cuestión que al menos en el caso de los bioquímicos
bonaerenses es completamente falaz, como se sabe.
Mientras tanto sigue pendiente la posible concreción de un
incremento salarial para los empleados de laboratorio, suba a la
que desde luego no se podrá afrontar si no se garantiza,
a través de una herramienta lógica como podría
ser una recomposición arancelaria, los dineros necesarios.
OTRAS VOCES
También los sanatorios y clínicas privadas pretenden
ajustes arancelarios,
en este caso, de hasta el 30 por ciento debido al "atraso significativo"
que tienen desde la devaluación, según lo indicó
el presidente de la Asociación
de Clínicas y Sanatorios de la Argentina, Francisco Díaz,
quien aseguró que
el "atraso arancelario de nuestro sector es, como mínimo,
del 50 por ciento".
"Si bien no se puede hacer un ajuste de esa magnitud, pensamos
que el incremento irá del 25 al 30 por ciento, que para nosotros
no es exagerado", estimó el directivo, en declaraciones
periodísticas.
Díaz señaló además que "desde 2001
hasta ahora, los aranceles de la medicina prepaga se deprimieron
mucho. Además, los costos aumentaron significativamente por
la devaluación, y por los efectos normales
de aumentos de salarios".
"También hay muchos insumos que se importan. Por eso,
si no se
producen ajustes en los aranceles, el sector no estará en
condiciones de brindar las prestaciones", advirtió el
empresario, quien además indicó que
"si no logramos el aumento de aranceles, no estaremos en condiciones
de mejorar los salarios de nuestro personal".
Y reconoció que el sector prestador, que integran sanatorios
y hospitales privados, le debe a la AFIP mil millones de pesos "porque
no estamos en condiciones de pagar". Según el dirigente,
"no queremos ser los malos
de la película. Todos sabemos que la salud no tiene precio,
pero sí costos. Por eso, las prepagas pueden dejar de existir
si no se ajustan las cuotas, porque no son entidades de beneficencia".
Además, Díaz pidió una "respuesta clara"
del gobierno nacional para superar la crisis del sector, y puntualizó
que en Argentina el gasto per cápita en salud no llega a
los 200 dólares anuales, cifra que consideró "insuficiente".
LAS EMPRESAS
Por su parte, las empresas de medicina prepaga ratificaron a fin
de octubre
un aumento de más del 20 por ciento a partir de enero, y
admitieron que
el año próximo podrían aplicar más incrementos
en las cuotas mensuales
si deben hacer frente a mejoras salariales de sus empleados.
Así lo indicó el secretario de la Asociación
de Entidades de Medicina
Prepaga (ADEMP), Néstor Gallardo, quien consideró
que no es posible
llegar a un acuerdo con el gobierno nacional ya que "no existe
una política
de precios máximos".
Las compañías nucleadas en ADEMP y en la Cámara
de Instituciones
Médico Asistenciales (CIMARA) anunciaron que, a partir del
primer día
de 2007, las cuotas que cobran a sus afiliados se ajustarán
en un
23 por ciento, en promedio.
Gallardo aseguró que "en principio, nuestra intención
es no volver a tocar
las cuotas" a lo largo del año próximo, pero
aclaró que los aumentos volverán "en caso de
que existiera otro ajuste salarial".
El empresario señaló que el sector pretende "evitar
cualquier impacto sobre
el índice de precios al consumidor", y explicó
que "si todas las empresas
del sector decidieran aplicar un ajuste del 20 por ciento, algo
que no sucede en este caso, porque hay quienes aumentan más
y quienes menos,
el traslado a costo de vida sería del 0,7 por ciento".
"La medicina prepaga no es un producto de consumo masivo y
está sobrevaluado su impacto en el costo de vida", se
quejó el directivo,
al tiempo que comentó además que el sector mantuvo
"varias reuniones"
con el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, "en
las cuales le hicimos saber cuál es nuestra realidad, desde
la devaluación hasta ahora".
Asimismo, justificó el aumento de aranceles dispuesto por
los prestadores
de las prepagas y obras sociales (clínicas y sanatorios privados)
al sostener que ese sector "está muy comprimido en sus
costos y trabaja, actualmente,
en rojo".
"Las prestadoras tienen un atraso de precios muy grande. Volcar
eso directamente a precios es imposible. Por eso, se acordó
un aumento
del 25 por ciento de los aranceles sanatoriales", indicó.
EL GOBIERNO
Mientras tanto, la ministra de Economía, Felisa Miceli, calificó
de "irresponsables" a los empresarios de la medicina prepaga
por anunciar aumentos superiores al 20 por ciento a partir de enero
del año que viene,
y aseguró que el Gobierno nacional "no va a permitir"
esos ajustes.
"No hay ningún justificativo que habilite este tipo
de aumento, ni para éste
ni para otro sector de la economía argentina. Por eso, utilizaremos
todas
las medidas que estén a nuestro alcance" para evitar
el incremento en las cuotas de las prepagas, indicó la funcionaria.
La titular del Palacio de Hacienda explicó que el Estado
puede aplicar
"todo un arsenal de jurisprudencia" para frenar el ajuste
ya anunciado
por las prepagas. En ese sentido, indicó que "primero,
vamos a notificar
a las empresas que no están autorizadas para aplicar los
aumentos,
de acuerdo con la legislación vigente. Y además, la
oficina de Defensa
del Consumidor está a disposición de los consumidores
para hacer
las denuncias correspondientes".
La ministra ejemplificó: "si no hubiésemos tomado
medidas para frenar
el precio de la carne, ¿a cuánto estaríamos
hoy pagando el precio del asado?. Muchos consideraron que esas eran
medidas extremas, pero hoy la industria de la carne está
llegando a los niveles de exportación del año pasado".
Miceli sostuvo además: "no vamos a permitir que una
vez más, en Argentina, sectores particulares pretendan establecer
sus intereses por encima del bien común, para que pocos argentinos
vivan muy bien y muchos, muy mal".
Y acusó a las prepagas de formar parte de un sector "con
una conducta claramente antisocial".
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