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              Pese a la polémica con prepagas, la Salud no aparece en la 
              agenda oficialA raíz de la intención de que 
              esas empresas de medicina privada incrementen la cuota a sus clientes, 
              el gobierno nacional apareció en escena pero sólo 
              para contener la inflación y, en proporción al universo 
              de beneficiarios de ese sistema, en un tema sanitario menor.
 La intención del gobierno nacional 
              es que los índices inflacionarios no se disparen y por eso, tal como ocurrió en junio último, 
              salió al cruce
 de las empresas de medicina prepaga que intenta subir las cuotas 
              a sus clientes a partir del año próximo. Si se considera 
              que mediante esas compañías solamente menos del diez 
              por ciento de la población argentina recibe cuidados de la 
              salud, se comprenderá rápidamente que por más 
              pirotecnia que se disparen las partes, el tema en el contexto sanitario
 del país no deja de ser menor.
 También y por la misma causa, se ve que el gobierno nacional 
              sigue ausente de la gravísima problemática sanitaria 
              del país y prosigue sin inmiscuirse pese a que lo hace en 
              diversos temas de importancia como el educacional. Concretamente 
              no se vislumbra que la Salud de la población sea
 considerada como una política de Estado con todas las duras 
              implicancias que tal contingencia trae consigo.
 Desde el Poder Ejecutivo Nacional se persiste en la actitud de no 
              inyectar fondos extras que financien el tambaleante sistema sanitario 
              tal como
 se hace con otros renglones de la actividad económica y social, 
              y por lo tanto, deja librada la problemática sanitaria a 
              un caos que deprime el modelo
 y en el que se debaten caóticamente obras sociales sindicales 
              cobijadas
 por el propio gobierno desde la Superintendencia de Servicios de 
              Salud,
 los prestadores, el Pami y las obras sociales provinciales.
 Y es, precisamente, en este último contexto en el que las 
              empresas de medicina prepaga intentar subir sus cuotas aduciendo 
              que deben hacer
 frente a abultados aumentos arancelarios concedidos a los prestadores, 
              cuestión que al menos en el caso de los bioquímicos 
              bonaerenses es completamente falaz, como se sabe.
 Mientras tanto sigue pendiente la posible concreción de un 
              incremento salarial para los empleados de laboratorio, suba a la 
              que desde luego no se podrá afrontar si no se garantiza, 
              a través de una herramienta lógica como podría
 ser una recomposición arancelaria, los dineros necesarios.
  OTRAS VOCESTambién los sanatorios y clínicas privadas pretenden 
              ajustes arancelarios,
 en este caso, de hasta el 30 por ciento debido al "atraso significativo" 
              que tienen desde la devaluación, según lo indicó 
              el presidente de la Asociación
 de Clínicas y Sanatorios de la Argentina, Francisco Díaz, 
              quien aseguró que
 el "atraso arancelario de nuestro sector es, como mínimo, 
              del 50 por ciento".
 "Si bien no se puede hacer un ajuste de esa magnitud, pensamos 
              que el incremento irá del 25 al 30 por ciento, que para nosotros 
              no es exagerado", estimó el directivo, en declaraciones 
              periodísticas.
 Díaz señaló además que "desde 2001 
              hasta ahora, los aranceles de la medicina prepaga se deprimieron 
              mucho. Además, los costos aumentaron significativamente por 
              la devaluación, y por los efectos normales
 de aumentos de salarios".
 "También hay muchos insumos que se importan. Por eso, 
              si no se
 producen ajustes en los aranceles, el sector no estará en 
              condiciones de brindar las prestaciones", advirtió el 
              empresario, quien además indicó que
 "si no logramos el aumento de aranceles, no estaremos en condiciones
 de mejorar los salarios de nuestro personal".
 Y reconoció que el sector prestador, que integran sanatorios 
              y hospitales privados, le debe a la AFIP mil millones de pesos "porque 
              no estamos en condiciones de pagar". Según el dirigente, 
              "no queremos ser los malos
 de la película. Todos sabemos que la salud no tiene precio, 
              pero sí costos. Por eso, las prepagas pueden dejar de existir 
              si no se ajustan las cuotas, porque no son entidades de beneficencia".
 Además, Díaz pidió una "respuesta clara" 
              del gobierno nacional para superar la crisis del sector, y puntualizó 
              que en Argentina el gasto per cápita en salud no llega a 
              los 200 dólares anuales, cifra que consideró "insuficiente".
  LAS EMPRESASPor su parte, las empresas de medicina prepaga ratificaron a fin 
              de octubre
 un aumento de más del 20 por ciento a partir de enero, y 
              admitieron que
 el año próximo podrían aplicar más incrementos 
              en las cuotas mensuales
 si deben hacer frente a mejoras salariales de sus empleados.
 Así lo indicó el secretario de la Asociación 
              de Entidades de Medicina
 Prepaga (ADEMP), Néstor Gallardo, quien consideró 
              que no es posible
 llegar a un acuerdo con el gobierno nacional ya que "no existe 
              una política
 de precios máximos".
 Las compañías nucleadas en ADEMP y en la Cámara 
              de Instituciones
 Médico Asistenciales (CIMARA) anunciaron que, a partir del 
              primer día
 de 2007, las cuotas que cobran a sus afiliados se ajustarán 
              en un
 23 por ciento, en promedio.
 Gallardo aseguró que "en principio, nuestra intención 
              es no volver a tocar
 las cuotas" a lo largo del año próximo, pero 
              aclaró que los aumentos volverán "en caso de 
              que existiera otro ajuste salarial".
 El empresario señaló que el sector pretende "evitar 
              cualquier impacto sobre
 el índice de precios al consumidor", y explicó 
              que "si todas las empresas
 del sector decidieran aplicar un ajuste del 20 por ciento, algo 
              que no sucede en este caso, porque hay quienes aumentan más 
              y quienes menos,
 el traslado a costo de vida sería del 0,7 por ciento".
 "La medicina prepaga no es un producto de consumo masivo y 
              está sobrevaluado su impacto en el costo de vida", se 
              quejó el directivo,
 al tiempo que comentó además que el sector mantuvo 
              "varias reuniones"
 con el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, "en 
              las cuales le hicimos saber cuál es nuestra realidad, desde 
              la devaluación hasta ahora".
 Asimismo, justificó el aumento de aranceles dispuesto por 
              los prestadores
 de las prepagas y obras sociales (clínicas y sanatorios privados) 
              al sostener que ese sector "está muy comprimido en sus 
              costos y trabaja, actualmente,
 en rojo".
 "Las prestadoras tienen un atraso de precios muy grande. Volcar 
              eso directamente a precios es imposible. Por eso, se acordó 
              un aumento
 del 25 por ciento de los aranceles sanatoriales", indicó.
  EL GOBIERNOMientras tanto, la ministra de Economía, Felisa Miceli, calificó 
              de "irresponsables" a los empresarios de la medicina prepaga 
              por anunciar aumentos superiores al 20 por ciento a partir de enero 
              del año que viene,
 y aseguró que el Gobierno nacional "no va a permitir" 
              esos ajustes.
 "No hay ningún justificativo que habilite este tipo 
              de aumento, ni para éste
 ni para otro sector de la economía argentina. Por eso, utilizaremos 
              todas
 las medidas que estén a nuestro alcance" para evitar 
              el incremento en las cuotas de las prepagas, indicó la funcionaria.
 La titular del Palacio de Hacienda explicó que el Estado 
              puede aplicar
 "todo un arsenal de jurisprudencia" para frenar el ajuste 
              ya anunciado
 por las prepagas. En ese sentido, indicó que "primero, 
              vamos a notificar
 a las empresas que no están autorizadas para aplicar los 
              aumentos,
 de acuerdo con la legislación vigente. Y además, la 
              oficina de Defensa
 del Consumidor está a disposición de los consumidores 
              para hacer
 las denuncias correspondientes".
 La ministra ejemplificó: "si no hubiésemos tomado 
              medidas para frenar
 el precio de la carne, ¿a cuánto estaríamos 
              hoy pagando el precio del asado?. Muchos consideraron que esas eran 
              medidas extremas, pero hoy la industria de la carne está 
              llegando a los niveles de exportación del año pasado".
 Miceli sostuvo además: "no vamos a permitir que una 
              vez más, en Argentina, sectores particulares pretendan establecer 
              sus intereses por encima del bien común, para que pocos argentinos 
              vivan muy bien y muchos, muy mal".
 Y acusó a las prepagas de formar parte de un sector "con 
              una conducta claramente antisocial".
 
 
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