Se
insiste ante el Ioma
por los débitos a clínicas
La Federación Bioquímica
reinició con el Instituto de Obra Médico Asistencial
las negociaciones para que los gastos de laboratorios en las prácticas
de internación le sean debitadas a las clínicas y
abonadas directamente a los profesionales de laboratorio a través
de FABA.
Existe en el sector bioquímico bonaerense una importante
preocupación por este tema en virtud de las dificultades
que lógicamente se producen tanto
en la presentación como en el cobro de las facturaciones
correspondientes, situación que se viene dando desde febrero
último cuando el Instituto comenzó con ese sistema.
Esas mismas dificultades fueron puestas rápidamente en conocimiento
de las autoridades del Ioma por parte de la Federación Bioquímica,
y si bien
se manifestó una total comprensión de la situación
y hasta se llegó a acordar retornar al sistema anterior,
el Instituto finalmente no tomó decisión alguna
en ese sentido.
Ante las nuevas gestiones emprendidas por la Federación Bioquímica,
parecería nuevamente que la conducción del Ioma se
mostrara proclive
a comenzar a debitar los gastos de laboratorio a las clínicas,
esperándose
que en esta oportunidad se tome la decisión esperada.
Ocaña
La directora normalizadora
del Pami, Graciela Ocaña, presentó a fines de agosto
su renuncia a la banca de diputada nacional que conquistara en las
elecciones de 2003, para continuar en el máximo cargo de
la obra social de jubilados, que le fuera confiado por el presidente
Néstor Kirchner a poco
de ser elegida legisladora.
Ocaña pidió licencia a la cámara baja en enero
de 2004, para hacerse cargo del puesto que le ofreció el
gobierno, pese a ser en ese momento una destacada referente del
ARI de Elisa Carrió.
La licencia otorgada a Ocaña se prolongaba hasta tanto fuera
sancionada
en el Congreso la ley de normalización del PAMI, pero al
haberse extendido por decreto el plazo de la intervención,
decidió continuar en su cargo "en razón del compromiso
público que he tomado".
La funcionaria renunció a su mandanto como legisladora que
se extendía
hasta 2007, mediante una nota dirigida
al presidente de la Cámara de Diputados, Alberto Balestrini,
en la que explica que su decisión obedece precisamente a
que "no está concluido el proceso de normalización"
del PAMI.
Mala praxis
Los juicios por
mala praxis involucran un monto de 450 millones de pesos anuales
en el sistema sanitario argentino, y se estima que uno de cada cinco
médicos deberá afrontar alguna demanda por mal desempeño,
según reveló un informe de la Asociación Civil
de Actividades Médicas Integradas (ACAMI).
El informe que será presentado en el IX Congreso Argentino
de Salud que se hará el 14 y 15 de septiembre en Iguazú,
indicó además que aunque en el 94 por ciento de los
casos la Justicia no comprueba delito alguno, los demandados pese
a ganar el juicio, igual deben pagar el 50 por ciento
de los gastos judiciales.
En ese sentido, se sostuvo que "ante el alud de demandas, cada
vez son más los médicos que dejan las especialidades
que implican peligro de juicio", y que esa situación
"impacta sobre el financiamiento del sistema sanitario y afecta
la calidad de las prestaciones".
Las proyecciones que maneja ACAMI consideran que los juicios por
mala praxis se quintuplicarán en esta década superando
los 150 mil casos, con una demanda promedio de 400 mil pesos.
La asociación estimó que más de 27.000 médicos,
el 20 por ciento del total matriculado, afronta en la Argentina
alguna demanda por supuesta mala praxis, que en muchos casos alcanza
también a las instituciones asistenciales donde desempeñan
sus tareas.
Sin embargo, un estudio de la Fundación Isalud consideró
que apenas
el 6 por ciento de los juicios en curso tendrá una sentencia
condenatoria.
El titular de ACAMI, Marcelo Mastrángelo, insistió
en que "en la actualidad,
las demandas por mala praxis provocan un gasto adicional al sistema
sanitario del orden de los 450 millones de pesos anuales".
Las estadísticas que maneja la entidad acotaron que las especialidades
en donde se registran más juicios por mala praxis son obstetricia,
cirugía, traumatología y anestesiología.
Se puntualizó que del total de las demandas, el 32 por ciento
recae en los médicos y el 68 restante en las instituciones
asistenciales, incluyendo obras sociales y prepagas.
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