Se agravan los atrasos del IOMA
y podrían adoptarse medidas
La Federación Bioquímica analiza la posibilidad de cortar las prestaciones de alta complejidad que están fuera de la cápita
Lejos de haberse recuperado algo del atraso que el Instituto de Obra Médico Asistencial viene observando en los pagos de la cápita y de las prestaciones de alta complejidad, éstas se profundizaron durante el mes de agosto.
Aunque con atrasos, hasta marzo todos los meses se venía cobrando una cápita completa, pero en abril se abonó solamente el cincuenta por ciento, el 75 por ciento en julio y también el 75% en agosto, por lo que el atraso se ha “comido” un mes completo.
Por otra parte, las determinaciones de laboratorio de alta complejidad que van por fuera de las cápitas han sido pagadas solamente hasta el mes de febrero por lo que el atraso lleva ya medio año.
Por todo lo expuesto, considerando además que el incremento capitario que dio el IOMA se ubicó muy lejos del porcentaje del incremento salarial de los empleados de laboratorio, al cierre de la presente edición del FABA Informa, se analizaba la posibilidad de aplicar un corte de servicios al Instituto en lo que hace a las prestaciones fueras de cápita, que son las más costosas y que desde hace ya medio año, los bioquímicos bonaerenses vienen costeando con su propio bolsillo.
En caso de resolverse esa medida hay que aclarar que es algo no deseado por los profesionales bioquímicos, pero debe entenderse que la situación ya no permite que seamos los profesionales del laboratorio quienes financiemos prestaciones para las cuales el propio Estado obtiene fondos a partir de los descuentos que practica a los salarios de los trabajadores públicos.
El crítico panorama de las finanzas del gobierno provincial que ya se avizoraba a fines del año pasado, recrudeció este año al extremo de tenerse que desdoblar el pago del medio aguinaldo, por lo que el IOMA no viene recibiendo los fondos que la ley le asegura.
La conducción del IOMA ya ha sido puesta en aviso con bastante antelación sobre la posibilidad de que la Federación Bioquímica interrumpa el reconocimiento de las prestaciones de alta complejidad a los beneficiarios del Instituto, quienes a su vez no se encuentran en condiciones de pergeñar o trazar un cronograma de pagos de las sumas adeudadas.
Es de esperar que la situación se normalice lo antes posible, pero en caso de proseguir el mismo estado de cosas o continuar agravándose, las medidas de acción directa podrían seguir con un segundo paso consistente en cortar algunas de las prestaciones incluidas en la cápita, algo sobre lo que todavía nadie piensa, haciéndose votos por la regularización de los pagos a la brevedad.
Mientras tanto, el sector de las clínicas y sanatorios privados denunció los atrasos de los pagos del IOMA señalando en una solicitada que esa deuda “pone en riesgo la atención sanatorial a los afiliados de la obra social y la población de la Provincia”.
Según dirigentes del sector, “las clínicas, sanatorios y hospitales no pueden seguir funcionando con cuatro meses de servicios brindados y sin ningún ingreso, más que la entrega en bonos por el 50 por ciento de mayo para algunos establecimientos. Lo preocupante es que aún no se pudieron hacer efectivos esos bonos y es inminente el pago de los salarios, con lo cual no serán pocos los que tendrán serias dificultades para superar esta situación”.
Denuncia al gobierno
Por otra parte, el diputado Manuel Garrido y el senador José Cano presentaron a fines de agosto una denuncia penal contra Liliana Korenfeld, titular de la Superintendencia de Servicios de Salud, basada en lo que definieron como "groseras irregularidades" en el manejo de la ya disuelta Administración de Programas Especiales (APE) para el reintegro de fondos a las obras sociales.
La denuncia de los legisladores radicales fue presentada por la presunta comisión de los delitos de "administración fraudulenta, encubrimiento y peculado" y está estructurada sobre un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) que cuestionó la entrega de fondos "sin un control eficiente".
La denuncia incluye a Martín Alves (ex Gerente General de APE), Angel David Aragón (Gerente de Control de Gestión), Donato Spaccavento (Gerente de Prestaciones), Ricardo Bellagio (Superintendencia), Alejandro Ferrari (Unidad de Auditoría Interna) y Cristian Asorey (Coordinación de Sistemas).
Además, fueron denunciados los responsables de los Agentes de Seguro de Salud comprometidos en los casos que se detectaron y el resto de sus directivos por su posible responsabilidad en los hechos.
Cano señaló que la presidenta Cristina Kirchner "se tironea por esos jugosos fondos con los gremialistas como si fueran bienes de viuda sin incumbirles que esos recursos sean aportados por los trabajadores y sus patrones para resolver los problemas de salud de ellos y sus familias".
El senador tucumano afirmó al presentar la denuncia que se detectaron "casos de implantes de prótesis a personas mayores de 170 años e inclusive a personas fallecidas".
"También medicamentos truchos, distribución de fondos por vía de excepción y reintegros con firmas de profesionales que no existen", explicó.
Por su parte, Garrido manifestó que los fraudes detectados a partir de la labor de la AGN son "especialmente graves y revelan una gestión deficiente e ineficaz".
El diputado insistió en la necesidad de que la justicia determine las responsabilidades que existieron y que "la administración elimine los factores que posibilitaron estas maniobras".
Finalmente, los legisladores aseguraron que "la disolución de la APE no basta, ya que las estructuras hoy subsisten bajo otro rótulo".
En julio pasado, el Gobierno disolvió la Administración de Programas Especiales (APE), en medio de la puja con el titular de la CGT, Hugo Moyano, quien controlaba ese organismo a través de allegados.
Desde esa área se manejaban millonarios fondos de reintegros a las obras sociales por las intervenciones de alta complejidad, que ya habían quedado bajo la lupa en la investigación por la denominada "mafia de los medicamentos".
Reclamo gremial
Mientras tanto, según coincidentes versiones periodísticas no desmentidas por los sindicalistas, el titular de la Confederación General del Trabajo, Hugo Moyano, se encontraba a fines de agosto analizando con los abogados de la central obrera los últimos detalles de las acciones judiciales que piensa efectivizar para exigir al gobierno nacional el pago de unos 15.000 millones de pesos que el Estado adeudaría en conjunto a numerosos gremios por reintegros a obras sociales gremiales que en su momento no fueron abonados por la desaparecida Administración de Programas Especiales, organismo que pasó al organigrama funcional de la Superintendencia de Servicios de Salud que está a cargo de la ultrakirchnerista Liliana Korenfeld.
Además, otras versiones indican que desde la Casa Rosada se prometió a los dirigentes gremiales enfrentados con Hugo Moyano el pago de unos 340 millones de pesos, sobre un total de dos mil millones, que se estarían adeudando a las obras sociales de los sindicatos de ese sector, a efectos de intentar desactivar cualquier judicialización del reclamo.
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