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Institucionales

Gran expectativa por tratativas con IOMA
Las negociaciones de la Federación Bioquímica con el Ioma por una recomposición arancelaria se iniciaron, con algo de demora, a fines de junio y esperamos que lleguen pronto a término, aunque se dan en un marco de incertidumbre generado por diversos factores.


IOMA

A principios de junio estaba previsto que se iniciarán las tratativas entre la Federación Bioquímica y el Instituto de Obra Médico Asistencial con el objeto de acordar una recomposición arancelaria, pero finalmente y por causas ajenas a FABA, las conversaciones se iniciarían a fin de mes.
Desde FABA se siguen estas negociaciones con la mayor expectación debido al desfasaje arancelario producido por la inflación durante los últimos tiempos y que quitó valor a los montos capitarios del contrato con Ioma, la que, por otra parte, había dispuesto la última mejora en diciembre del año pasado para la cápita en sí misma, y el anterior había sido a comienzos del año anterior por montos que fueron diagramados para ser aplicados a los coseguros ante la negativa de los gremios estatales de descongelar los valores que rigen desde hace trece años.
Pero las negociaciones tienen un marco de incertidumbre innegable por distintas y muy diversas situaciones. Una de las más preocupantes tiene estrecha relación con el fortalecimiento de un rumor según el cual se estaría gestando un intento de origen sindical para que el Ioma deje su sistema solidario y de libre elección para pasar a otro, muy distinto, de cartillas reducidas de las que los beneficiarios podrían elegir un profesional actuante, y además, pagos por prestación dejando de lado el sistema capitado.
Otro dato no menor inquietante también es que el Ioma se encuentra en conflicto con la Agremiación Médica Platense, que de algún modo ha sido siempre una suerte de referencia entre las relaciones de los profesionales de la salud con el Instituto. Los médicos de la capital provincial han decidido, en una asamblea realizada el 28 de mayo último, cortar el convenio con Ioma, cuestión que comenzará a operar de manera efectiva el 28 de julio.
La Agremiación Médica Platense denunció el convenio con el Ioma y reclama una recomposición arancelaria de un insólito 100 por ciento, cuando en el resto del territorio provincial el Instituto acordó mejoras muy por debajo con médicos, odontólogos y clínicas, restando definir con la Federación Bioquímica.
Los bioquímicos de la provincia de Buenos Aires proseguimos defendiendo a ultranza y con férrea decisión el sistema solidario y de libre elección en la inteligencia que además de garantizar la fuente de trabajo para el conjunto de los profesionales, permite que el beneficiario se atienda con quien lo desee.
Este sistema, al ser solidario, se basa en un aporte del beneficiario proporcional a sus ingresos aunque todos tienen los mismos derechos y servicios de salud. Este sistema del Ioma es el referente de la seguridad social en la salud no solamente de la provincia de Buenos Aires sino de todo el país, ya que además se trata de la segunda obra social numéricamente más importante de argentina habiendo superado ya los 1.600.000 beneficiarios.
Otro factor inquietante está representado por el aumento del consumo no sólo por parte de los beneficiarios del Instituto sino además de otras obras sociales, cuestión que se sigue agravando con la llegada del invierno y que supera las tasas de uso pactadas en los acuerdos prestacionales en vigencia.
Esto último está generando una gran preocupación. Basta decir que en lo que va del año, solamente en nuestra provincia, ya se han registrado en la red hospitalaria pública más de 10.000 casos más de bronquiolitis con respecto al 2006.
La intención de la conducción de la Federación Bioquímica, de todas maneras, es cerrar el acuerdo con Ioma sin dejar de observar detenidamente lo que ocurra con el resto de los prestadores.
Además se han iniciado, a través de los directivos de algunos distritos, rondas de conversaciones con los sindicatos de empleados públicos a efectos de reclamar mejoras de las retribuciones por los coseguros pero sin haberse llegado a los resultados que nosotros esperábamos porque más allá de que los dirigentes gremiales manifiesten “entender” la justicia de nuestro reclamo, inexorablemente terminan señalando que debemos acordar con el propio Ioma.
Por si fuera poco, estamos en un año electoral en el que en la provincia de Buenos Aires se han presentado algunos problemas que entendemos y que seguramente seguirán apareciendo; algunos de ellos han sido el portazo dado por el ex ministro de economía, Gerardo Otero, y la problemática de los salarios de la administración pública y de los docentes, pero más allá de eso, los bioquímicos necesitamos tener respuestas porque nuestra situación es, al menos, de la misma gravedad.

Denuncia

Prestadores de salud pidieron rever el decreto que abrió el traspaso de afiliados entre obras sociales, al considerar que esa medida "fomentó la concentración económica del sector de la salud y quebró el sistema solidario de seguridad social".
A través de un comunicado, los prestadores señalaron que son "varios los problemas estructurales que ha generado el mantenimiento del decreto 1141/96 a lo largo del tiempo, entre ellos el de una gran concentración económica en todo el sector, además de la consecuente caída de prestadores pequeños y medianos y una fuerte depreciación arancelaria".
“Este proceso se debe nada más y nada menos que a la incursión impropia que la medicina prepaga hace en ámbitos de la seguridad social, favorecida por disposiciones desregulatorias de 1996 para las obras sociales, aún vigentes", se agregó.
También se enfatizó que "esta suerte de intromisión en el sistema, le permite a la medicina prepaga en términos generales manejar más de 30 por ciento de los aportes de las obras sociales".
"Las obras sociales que más recibieron migraciones de otras son las que mantienen una relación contractual con una prepaga", se explicó, al tiempo que se dio a conocer un informe según el cual, "del total de beneficiarios de la medicina privada, aproximadamente 67 por ciento está cubierto por 6 grandes prepagos, y 78,6 solamente en 10 empresas. El resto se distribuye entre las otras 260 entidades".

Procesamiento anulado

La Cámara Federal de Apelaciones en lo Criminal Federal anuló el procesamiento de Carlos Félix Lapadula, ex presidente de la Administración de Programas Especiales (APE), organismo descentralizado del Ministerio de Salud, por presuntas anomalías cometidas en 1999, en el otorgamiento de subsidios a obras sociales.
Lo determinó la Sala I del Tribunal mediante una resolución de ocho carillas, en la que los camaristas Gabriel Cavallo, Eduardo Farah y Eduardo Freiler, dejaron sin efecto un fallo tomado por el juez federal Jorge Luis Ballestero.
En la causa se investiga un posible fraude a la administración pública a raíz de "irregularidades detectadas en el trámite, la concesión y rendición de subsidios destinados a distintas obras sociales, cuyo objetivo fundamental se orientaba a reducir sus pasivos por deudas previsionales y cobertura de déficits operativos".
Esos procedimientos debían realizarse de acuerdo con resoluciones de la APE que, conforme la denuncia, "no habían sido acatadas las condiciones allí establecidas habiéndose, además, producido el desvío de tales fondos para favorecer a determinadas empresas y personas".
"Las conductas a investigar consistirían en la aplicación de los fondos a fines diferentes de los contemplados en la resolución de adjudicación, al pago en efectivo de los montos otorgados y a la existencia de pagos sin resolución aprobatoria del subsidio", sostuvo el fiscal Gerardo Di Masi.
En su oportunidad, el juez Ballestero dictó el procesamiento de Lapadula y la falta de mérito de Juan Carlos Ponce y María Sol González Montalvo, pero todas esas medidas fueron anuladas por la Cámara que señaló diversas anomalías en el trámite.
En ese sentido, los camaristas advirtieron "irregularidades en la declaración indagatoria (de Lapadula) las que posteriormente inciden en el procesamiento dictado a su respecto, en tanto impiden considerar que haya tenido oportunidad de enfrentar eficazmente la imputación que se le efectúa".
Los magistrados brindaron una extensa explicación académica sobre los alcances que debe tener la declaración indagatoria, entre ellos la "correcta descripción del modo en que acontecieron los sucesos investigados, además de la mención de la conducta reprochada".
"En este caso puntual se estima que el tipo de maniobras que se presentan -procedimientos administrativos, controles, órdenes de pago, desvío de fondos- exigen, sin lugar a dudas, una adecuada descripción de las circunstancias relativas a la intervención" que habrían tenido los imputados.
Los camaristas dijeron que "la pluralidad de acontecimientos cometidos de un modo similar no puede traducirse en la utilización de fórmulas genéricas o en meras enunciaciones de verbos típicos".
Por eso concluyeron que Ballestero, al momento de indagar a Lapadula, "no cumplió con los aspectos que se han señalado exigidos por la garantía que protege el principio de la defensa en juicio", por lo que anularon ese acto y todo lo actuado como consecuencia de él.



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