FABA firmó en disconformidad
el nuevo convenio con PAMI
Con mucho esfuerzo se logró que los bioquímicos de toda nuestra provincia percibieran los mismos aranceles, pese al ajuste del 27,5% aplicado por el Instituto
Mayo no fue un mes fácil en el marco de las relaciones contractuales de la Federación Bioquímica y el PAMI, habida cuenta de que el Instituto, profundizando su política de no acordar, sino imponer determinaciones a los prestadores de su sistema sanitario, originariamente, y tal como se había anticipado en la última entrega de FABA Informa había dispuesto unilateralmente la aplicación de un nuevo modelo prestacional.
Ese modelo, que de acuerdo a las normativas que el PAMI había publicado en su página de Internet, hecho a partir del cual la totalidad de los prestadores quedaban notificados, sin comunicación expresa en algún tipo de diálogo que formalmente nunca existió, entró en vigencia a partir de mayo un sistema capitado para los niveles I y III, con sorprendentes e inéditas novedades para los efectores.
Cabe recordar que en el nivel I se encuentran las determinaciones de laboratorios alcanzadas en el Programa Médico Obligatorio (PMO) y algunas más, mientras que en el Nivel III se engloban las prácticas que no están en el PMO, mayormente las de alta complejidad.
Para los bioquímicos bonaerenses, la principal novedad era que el PAMI, por explicaciones que jamás brindó ni podrán ser entendidas, dividía a los laboratorios de análisis clínicos de la provincia de Buenos Aires en dos categorías; a saber, la A y la B.
En la categoría B quedaban comprendidos aquellos laboratorios situados en el Gran Buenos Aires, mientras que en la A se englobaba a los del resto del territorio provincial.
A los laboratorios de la categoría A se les pagaría una valor capitario mensual de $ 33, mientras que a los de la B se le abonaría $ 55, configurándose una situación ridículamente inequitativa, más allá del tremendo ajuste al que se estaba sometiendo al conjunto de los bioquímicos del país ya que, al menos los de la provincia de Buenos Aires veníamos percibiendo un valor promedio de $ 75.
Pese a que el PAMI no discute ni dialoga, la negativa de aceptar esa situación por parte de la Federación Bioquímica fue rotunda y contundente. No habría diálogo ni aceptación posibles si, como desde siempre, los profesionales del laboratorio de todo la Provincia no percibían lo mismo.
Pero además, en cualquiera de los casos, también se rechazaba el máximo valor capitario determinado por el PAMI que era de 55 pesos porque, comparando con los anteriores 75 pesos y en un marco de deterioro y atraso arancelario, la diferencia, un 25,5% menos, viene a significar un aspecto más del ajuste que el anterior interventor del Instituto, Carlos Regazzoni se negó a aplicar, razón por la que fue eyectado de su cargo.
Dadas las objeciones planteadas por la Federación Bioquímica, la firma del nuevo instrumento contractual con el Instituto se fue dilatando, pese a que ya se estaba en mayo y en teoría, bajo los “efectos” de la nueva modalidad dispuesta unilateralmente.
Finalmente, y al advertir el PAMI que la Federación Bioquímica estaba férreamente plantada en su decisión de no aceptar la diferenciación arancelaria decidida para los bioquímicos de la Provincia según su ubicación geográfica, el Instituto aceptó unificar el valor para todos los profesionales bonaerenses del laboratorio en la clase B con una suma de 55 pesos.
Pero quedaba pendiente el tema del ajuste del valor capitario, sobre el cual la posición de FABA no era menos tajante. Y fue en ese marco que el PAMI publicó una normativa en su página de Internet dando plazo a los prestadores a firmar el nuevo convenio hasta el 24 de mayo, fecha a partir de la cual, si no se aceptaba el acuerdo, desde junio quedarían excluidos del padrón de efectores.
Privilegiando el mantenimiento de la fuente de trabajo la Federación Bioquímica firmó el convenio pero en disconformidad y de inmediato comenzó a reclamar un incremento del valor capitario con carácter de urgencia, haciendo hincapié en que esa mejora debía ser al menos de un porcentaje similar al incremento salarial que los bioquímicos deberán abonar a los empleados del laboratorio, cuestión que se discute en negociaciones paritarias con el gremio de Sanidad, pero que sería de un 23 por ciento pagadero en dos etapas.
Por otra parte, cabe destacarse que la Federación Bioquímica está motorizando actualmente que cada Distrito acuerde con la Unidad de Gestión Local del PAMI correspondiente, la adecuación de la metodología para controlar el exceso de consumo y evitar así la sobreprestación.
La Federación Bioquímica negocia con las prepagas
El gobierno nacional publicó el 24 de mayo en el Boletín Oficial la Resolución 613-E/2017 del Ministerio de Salud mediante la cual se autoriza a las empresas de medicina prepaga a incrementar el valor de las cuotas que cobran a sus afiliados en un seis por ciento a partir de julio y en un 5% desde agosto próximos.
En virtud de ello, de inmediato las autoridades de la Federación Bioquímica comenzaron a tomar contacto, como es de rigor en esto casos, con las prepagas a efectos de negociar una mejora de los aranceles profesionales.
Desde luego, esas negociaciones son encaradas por FABA partiendo de un piso arancelario que se incremente en un porcentaje igual y a partir de las mismas fechas, en que esas compañías aplicarán a sus beneficiarios el incremento autorizado por el Poder Ejecutivo Nacional.
Hay que aclarar que en los primeros contactos establecidos, aunque hay tiempo para llevar a cabo las negociaciones, la Federación Bioquímica se ha anticipado a descartar cualquier intención que las empresas del sector utilicen el ya clásico argumento de incluir el valor del Acto Profesional Bioquímico (APB) dentro del porcentaje de aumento arancelario a los profesionales del laboratorio, habida cuenta de que el último aumento por de ese concepto se produjo en abril pasado.
Más allá de ese aspecto, cabe señalar que resulta interesante analizar la fundamentación dada por el gobierno nacional para autorizar el aumento a las prepagas médicas.
En la resolución se indica taxativamente que la autorización del aumento se basa en “las proyecciones de incremento de costos del sector”.
No debe perderse de vista que durante los últimos doce meses, el gobierno autorizó a las prepagas a incrementar sus cuotas en un 15% desde junio del año pasado, un 5% un mes después, otro nueve por ciento a partir de octubre de 2016 y un 6% desde febrero último.
Las prepagas médicas prestan servicios a unos cinco millones de beneficiarios, un millón de los cuales son voluntarios y los otros cuatro millones son lo que se denomina la “crema” de las obras sociales sindicales, es decir, aquellos afiliados que mejores sueldos ganan y que con el descuento de ley más un aporte personal extra pasan al sistema prepago.
A comienzos de mayo, coincidentes versiones periodísticas habían dado cuenta de que las empresas de medicina prepaga se aprestaban a solicitar al gobierno de Mauricio Macri la autorización para aplicar una mejora global en el valor de la cuotas que cobran a sus afiliados cercana a un veinte por ciento.
El argumento que esgrimirían ante las autoridades sanitarias argentinas, según las mismas versiones, pasaría por el desfinanciamiento del sector que se viene produciendo a raíz de tener que brindar prestaciones nuevas y más costosos y además, los fallos judiciales interpuestos por afiliados para lograr diversas coberturas y que estaban sentando jurisprudencia en la materia. |
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