Las entidades que representan a los médicos, las cámaras farmacéuticas y el sector bioquímico reclamaron enfáticamente por los retrasos arancelarios y la crisis de la Salud, y amenazaron con un paro nacional a fines de agosto.

Las confederaciones y colegios que agrupan a los médicos, junto con las cámaras farmacéuticas, y también el sector bioquímico, amenazaron con hacer un paro nacional a fines de agosto en protesta por la "crisis del sistema de salud".
La medida de fuerza estará precedida por una jornada de protesta a efecturse el 11 de agosto próximo, cuando los profesionales harán una campaña con el objetivo de "concientizarán a la población sobre el estado del sistema de salud argentino", dijo Carlos Jañez, titular de la Confederación Médica (COMRA).
La medida de las entidades profesionales apunta a lograr un mayor presupuesto para los hospitales públicos, un aumento salarial para los trabajadores de la salud y la reactualización de los aranceles que cobran por seguridad social, todas cuestiones sobre las que la Federación Bioquímica viene insistiendo desde hace dos años y cada vez con mayor énfasis.
Jañez explicó que es la primera vez que se intentará unificar la protesta en todo el país, ya que anteriormente se habían efectuado protestas aisladas en algunas provincias.
Precisó, además, que "el bajo presupuesto de los hospitales públicos trae como consecuencia la mala calidad de atención en los centros asistenciales, mientras los médicos en algunas provincias ingresan a trabajar con un sueldo de 300 a 400 pesos".
"A los profesionales no se les reconoce antigüedad, ni riesgo hospitalario, ni carrera médica, mientras que la capacitación debe pagársela de su propio bolsillo", remarcó Jañez.
La medida de protesta fue decidida por el Foro Nacional de Instituciones Médicas, que agrupa a distintos colegios y cámaras de la Capital Federal y la provincia de Buenos Aires, junto con la COMRA, que tiene jurisdicción nacional, y como se dijo, el sector bioquímico.
También adhirió la Confederación General de Profesionales de la República Argentina que agrupa a bioquímicos, farmacéuticos, kinesiólogos, agrimensores, psicólogos, nutricionistas y graduados universitarios, entre otros.
El gobierno nacional, pese a los rimbombantes superávits fiscales, decididamente ha hecho oídos sordos al generalizado reclamo de inyectar fondos extras al sistema de Salud.
En tanto, las obras sociales, que a la luz de los últimos incrementos salariales han visto reforzados, en algunos casos sustancialmente, sus ingresos deben dar una respuesta inmediata a las mejoras de cápitas y aranceles que se vienen reclamando.
Día a día, mes a mes, la Federación Bioquímica viene reclamando mejoras a las obras sociales y empresas de medicina prepaga, actividad que como ya se ha señalado reiteradamente, se ha convertido en un desafío de gestión permanente y el norte del accionar institucional.

NUMEROS DE LA CRISIS

En una nota publicada por el diario La Nación el domingo 17 de julio último se asegura que "el desfase entre ingresos y egresos del sistema prestador privado llevó al incumplimiento; hoy, la mitad de las clínicas no paga impuestos ni invierte".
En la nota se indica que los costos de las clínicas, desde 2001 tuvieron unl alza promedio del 92,4 por ciento. Los medicamentos e insumos se ncarecieron en un 157,2% y el costo laboral, en un 91,6 por ciento.
"Como los precios cobrados por los prestadores a obras sociales y prepagas sólo crecieron un 18%, existe un retraso cercano al 59%, en promedio. Para la realización de una ecografía abdominal, mientras que en 2001 se cobraba 21,8 pesos o dólares, hoy el precio es de $ 25,15, es decir, unos 8,73 dólares. Los costos del equipo, en tanto, son dolarizados".
"Según advierten varios referentes del sector, el sistema privado de prestación médica manifiesta en la Argentina -a tres años y medio de la devaluación y con una ecuación de ingresos y gastos en desequilibrio-, una fiebre bastante elevada, que se traduce, por lo menos, en dos realidades.
Una es que la mitad de las clínicas admite -según una encuesta de una entidad que las agrupa-, que dejó de cumplir con sus impuestos, decisión que está justificada por el propio Estado recaudador, ya que la ley de emergencia sanitaria, vigente hasta diciembre próximo, impide embargos por parte de la AFIP. La otra realidad, más preocupante aún, es que es muy bajo el nivel de inversiones, cuando se trata de una actividad demandante de una actualización permanente, si se quiere preservar un nivel aceptable de calidad y un determinado ritmo de perfeccionamiento de sus prácticas", se agregó.
"Por otra parte, brindar el Programa Médico Obligatorio, exigido por ley a las obras sociales y prepagas, tenía en 2001 un costo mínimo de unos $ 22. Ahora, y pese a los recortes que se le aplicó para racionalizar gastos, algunas fuentes del sector estiman que ese cálculo se ubicaría en unos $ 38".