El superintendente de Servicios
de Salud, Héctor Capaccioli, estimó que en el segundo semestre
será aprobada la ley de regulación de la medicina prepaga
y adelantó que se buscará una concertación de precios
con las empresas del sector.
Esta ley, que ya fue sancionada por el Senado, dará poder a la
Supertintendencia -que hoy sólo tiene facultades sobre las obras
sociales- para fiscalizar a la actividad privada y, a partir de allí,
intentar llegar a un acuerdo sobre política de precios.
Capaccioli afirmó que un acuerdo con los distintos sectores de
la salud y una mayor presencia del Estado "son claves" para
detener la judicialización del sistema.
"Hoy son los jueces los que les están diciendo a las obras
sociales y a las prepagas qué tienen que hacer y esto pasa porque
falta el control del Estado y falta acuerdo entre los distintos sectores",
dijo el superintendente en un reportaje concedido al diario La Nación.
Por otra parte, consultado sobre los cambios para optar por una obra social,
Capaccioli explicó que el objetivo de la medida es anular la posibilidad
de irregularidades y fraudes.
"Muchas opciones, en lugar de hacerse en las obras sociales se hacían
en la oficina de personal de la empresa o las hacían algunos promotores
que no tenían escrúpulos", afirmó.
A partir de un acuerdo que se analiza firmar con la Administración
Nacional de la Seguridad Social (ANSES), el objetivo es que el beneficiario,
una vez que haya hecho su opción, la ratifique concurriendo a una
unidad de atención del organismo de la seguridad social.
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