El recurso administrativo cuestiona la resolución del Ministerio de Salud de la Nación por la que denegó la posibilidad puesta en marcha de la Comisión Permanente de Concertación creada mediante el artículo 35 de la Ley 23.661, con el objeto de discutir los aranceles que la seguridad social debe abonar a los profesionales de nuestro sector.
En tanto la entidad de los bioquímicos no descarta de que en caso de que no prospere la apelación y quede así extinguida la vía administrativa, quedará abierto el camino para iniciar las correspondientes acciones judiciales.
El caso es que el Gobierno deniega la democrática posibilidad de que ese sector profesional discuta sus, en algunos casos, pauperizados aranceles, esgrimiendo una norma de menor rango constitucional que una ley, en este caso un decreto (Nº 9/93) del ex presidente Carlos Menem.
Aquel decreto, al desregular las obras sociales, intentó dejar sin reglas de juego y abandonar los ingresos profesionales a la mayor ó menor voracidad de un mercado para el cual, intentaron anotarse incluso empresas europeas fabricantes de neumáticos.
La FABA , ante la negativa oficial de abrir aquella clausurada paritaria, interpuso sendos recursos de reconsideración y apelación y jarárquico en subsidio, contra el acto administrativo que deniega la petición de la Federación Bioquímica de la provincia de Buenos Aires, requiriendo, la puesta en funcionamiento de la Comisión Permanente de Concertación.
En la apelación se sostuvo que "ante la angustiosa situación arancelaria de los prestadores de la salud, en el caso y puntualmente, de quienes la practica profesional de los análisis clínicos, la FABA se dirigió en numerosos oportunidades, siempre desoídas, a la autoridad de aplicación (Ministerio de Salud - Superintendencia de Salud), impetrando la puesta en funcionamiento de la Comisión Permanente de Concertación".
También se volvió a explicar a González García que esta acción de FABA se lleva a cabo "en procura de la actualización de los valores retributivos, congelados desde hace más de una década, con montos fácilmente calificables de inequitativos e indignos, para quienes tienen, como el señor Ministro, la trascendente tarea de velar por el cuidado y la integridad de la Salud de la persona Humana".
Es bueno recordar que según la ley que la creó, a mediados de los ochenta, la Comisión cuya convocatoria reclama FABA, debe participar "en la elaboración de las normas y procedimientos a los que se ajustará la prestación de servicios y las modalidades y valores retributivos", y que "funcionará como paritaria periódica a los efectos de la actualización de los valores retributivos".
En el escrito presentado se reivindicó que "naturalmente y por derecho propio, FABA,
Como entidad representativa mayoritaria de la especialidad, en el ámbito provincial, desde hace casi medio siglo, tiene el derecho y el deber institucional, en reclamar la puesta en funcionamiento de la Comisión Permanente de Cocertación, con voz y voto en el seno de la misma".
Además se fustigó "la pertinaz negativa estatal, con la mera, equivocada y pueril remisión al ...`dictado del decreto 9/93...` y con la única , injustificada e improcedente manifestación de haber ...`quedado suprimidos todos los mecanismos destinados al reajuste de los aranceles médico asistenciales, quedando sujetos a la libre negociación directa entre prestadores y financiadores de servicios... `, lo que da pie a la adhesión ministerial, que cohonesta así la decisión que aquí se ataca".

Por último se le advirtió a Ginés González García que la posición que viene registrando la cartera a su cargo resulta "notoriamente inconstitucional" y que "tal denegatoria, lesiva de los derechos constitucionales a la salud y al de trabajar, compromete, también la responsabilidad del Estado Nacional, inclusive a nivel internacional, por imperio del bloque federal constitucional".